Por Pascual Tamburri Bariain, 5 de diciembre de 2000.
Publicado en El Semanal Digital.

1443 delincuentes condenados han sido graciados por el Gobierno. Sus penas, en todo o en parte, quedan anuladas. En los últimos días hemos escuchado a vestales y plañideras lamentar la decisión de José María Aznar, que algunos han llegado a considerar un atentado contra la independencia judicial; los mismos lamentos llenan buena parte de la prensa y los medios de comunicación, para los que el tema ha resultado más interesante que el envenenamiento colectivo que sufrimos o que el terrorismo separatista que nos oprime.

Y sin embargo, el problema está en una sola de esas personas. Para «El País» y el grupo mediático de PRISA parece que el Consejo de Ministros ha perdonado a 1442 inocentes y al pérfido Javier Gómez de Liaño, archiculpable de todos los males que padece España. La verdad es que esto no es serio; el juez Gómez de Liaño ya fue objeto de una campaña periodística sin precedentes, un auténtico acoso que culminó en su condena por prevaricación. La pena que se le impuso, sobre la que hay opiniones encontradas, queda ahora suprimida, y podrá volver a ser juez, aunque no en la Audiencia Nacional. Sin más.

Muchos de los que han criticado la decisión olvidan que el Gobierno tiene el derecho de gracia, es decir, que puede suprimir las penas impuestas por los tribunales; y olvidan sobre todo que esta potestad, de milenario origen histórico, recogida en la Constitución, ha sido usada libremente por todos los Gobiernos de la democracia, también por los socialistas, e incluso por el PP en provecho de ilustres socialistas como José Barrionuevo.

Pero esto ya lo ha recordado, con mejor o peor fortuna, el Gobierno, que ciertamente no ha encontrado en el ministro Acebes su mejor portavoz. Lo que no ha dicho el Gobierno, ni los vasallos de Jesús Polanco, es que junto a Liaño han indultado a los corruptos y corruptores de FILESA (para tener contento al PSOE, o para moderar su reacción), a 460 traidores a la patria (los insumisos, para regocijo de la extrema izquierda leninista) y a una pobre mujer maltratada, de súbita y sospechosa popularidad (para echar carnaza a la prensa amarilla). Si el Gobierno creyó tener buenas y equitativas razones para indultar al juez Gómez de Liaño, no necesitaba semejante cortina de humo, apelación al Papa incluida; si José María Aznar quería compensar a Gómez de Liaño, o creía justo que no fuese condenado, podía evitar hacerlo en tan numerosa y dispar comitiva, y podía evitar hacerlo en vísperas de estos días festivos.

Porque el problema no es el indulto, que el Gobierno lo use o no, o con quién lo use. El problema es cómo se gobierna España. Un país puede gobernarse bien o mal, pero sobre todo puede gobernarse con dignidad y claridad o sin ellas. Un Partido con mayoría absoluta no necesita rebajarse a estos chalaneos, a estos falsos pudores, a estas argucias de colegial tímido, porque ha recibido de la gente el respaldo necesario para dirigir la nación con pulso firme. Si no se hace así, sería lógico que el pueblo tomase buena nota para el futuro.

Por Pascual Tamburri Bariain, 5 de diciembre de 2000.
Publicado en El Semanal Digital.