Por Pascual Tamburri Bariain, 22 de junio de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.

José Piqué, previsiblemente, va a ser llamado como acusado en el llamado «caso Ercros». El Ministro de Asuntos Exteriores de España estaría implicado en un caso de corrupción, y los tribunales tendrán que valorar su responsabilidad personal en el asunto. Se trata, por ahora, de su responsabilidad penal en la gestión de una empresa privada, involucrada en los confusos manejos de Javier de la Rosa y sus socios..

No son las primeras irregularidades conocidas de Piqué. Los españoles con memoria aún recuerdan, con sonrojo, la habilidad fiscal del ministro, que eludía con subterfugios legales sus obligaciones tributarias. Se trataba de prácticas entonces legales, aunque no fuesen plenamente recomendables para un Gobierno que se formó con el compromiso de la honestidad y la transparencia por bandera.

Pero tampoco conviene exagerar. En la peor de las hipótesis, lo que ahora se atribuye a Piqué no es más que una gota, frente al océano de chanchullos, fraudes y robos que el PSOE ha protagonizado, sigue protagonizando y sigue arrastrando penosamente antes los Tribunales. No es para tanto, y de cualquier forma los que pueden y deben exigir responsabilidades no son ni la PRISA de Polanco ni el PSOE de González, que bastante tiene con lo suyo, sino los hombres y mujeres que creyeron en el programa del PP, que votaron a José María Aznar y que con su esfuerzo de años.

El Partido Popular puede y debe resolver el problema por sí mismo. No hace falta dejarse arrastrar por los paleosocialistas a una nueva guerra sucia: ya sabemos que hay en España decenas de Filesas, como las que anuncia Javier Arenas, con escándalos suficientes como para hundir al PSOE al menos hasta 2008. No está ahí la clave del asunto: si Piqué tiene responsabilidades políticas – y las tiene, porque parece evidente que no es un franciscano de la gestión empresarial – debe obrar como el PP exigió siempre. Piqué debería dimitir, a la espera de sentencia, porque los simples indicios que permiten su encausamiento ya lo sitúan fuera de lo que el Gobierno quiere ser y debe ser.

Y hay que recordar una cosa más: los pocos y marginales escándalos que salpican al PP, que ni de lejos se parecen al latrocinio de Estado de tiempos pasados, no suelen proceder de los genuinos afiliados y representantes de ese partido. Las gentes que han llevado el PP de la oposición desesperanzada al poder creen de verdad en su programa permanente, en sus valores implícitos y en lo que con el ejemplo han predicado durante dos décadas. Son sólo algunos políticos de ocasión, populares de tardía elección, préstamos interesados de otros ámbitos de poder, o empresarios llegados a la política desde los negocios, los que han incurrido en conductas discutibles. Ni el exministro Serra, ni el ministro Piqué, deben dañar al PP, por la sencilla razón de que no han sido nunca verdaderos hombres del PP, y son ajenos a las mejores tradiciones de la derecha política española.

El ministro pone en entredicho la posición del partido ante la corrupción. Por coherencia, el ministro Piqué debe una explicación publica, y posiblemente deba dimitir. Esto no supone un juicio criminal al Gobierno, sino una valoración crítica de la presencia de esta persona en el gabinete, con un pasado discutible y con unas implicaciones político-empresariales aún más discutibles. José María Aznar, el partido y sus votantes se lo agradecerían mucho.

Por Pascual Tamburri Bariain, 22 de junio de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.