Por Pascual Tamburri Bariain, 22 de julio de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.

Un ejército innumerable se dispone para el desembarco. El enemigo, que sabe que la invasión es inminente, no tiene voluntad de combatir, y las fuerzas desplegadas en las playas esperan lo inevitable casi con resignación, cumpliendo rutinaria aunque meritoriamente con su deber. Cunde el desánimo también entre los gobernantes, que no ignoran lo que se avecina, pero que no pueden, o no quieren, o no saben intentar impedirlo. Grupos numerosos se infiltran ya impunemente entre las líneas de defensa, empleando embarcaciones ligeras y apoyándose en la numerosa quinta columna y en las vanguardias, los precursores que llevan ya largo tiempo instalados en el corazón del país enemigo.

¿Normandía, 1944? Podría ser. Pero todo esto está sucediendo en las aguas del Estrecho, en el verano de 2001. La mayor operación anfibia de la historia está teniendo lugar en España, o más bien está teniendo como víctima nuestro país. La media diaria de inmigrantes ilegales localizados ha aumentado un 50% en un año. La magnánima e innecesaria regularización de inmigrantes ya instalados, violando la Ley, ha añadido unas decenas de miles a nuestros incontables extracomunitarios. En cuanto a las cifras, hay un amplio consenso en reconocer que no se sabe, y no se puede saber, cuántos africanos, americanos y asiáticos viven ilegalmente entre nosotros. Ni siquiera sabemos con certeza cuántos mueren cada día intentando llegar al inexistente paraíso europeo. Muchos mueren, y muchos más desembarcan.

Enrique Fernández-Miranda creyó que «su» Ley acabaría con el efecto llamada y con la llegada de ilegales. Se equivocó, y España ha adquirido en el inmenso campamento de los desheredados que esperan a las puertas de Europa el dudoso prestigio de país rico, abierto, laxo en la aplicación de las normas y mucho más laxo aún en la exigencia de las mínimas obligaciones de convivencia. La Ley de Extranjería no es buena, y a ella debemos la angustiosa situación que padece el litoral andaluz. Además, ni siquiera esa Ley hipergarantista se cumple, y en general España es la puerta de entrada de una inmigración que pocos españoles desean en su propio barrio.

Es hora de cambiar. Nada puede esperarse del PSOE, súcubo en esto de la extrema izquierda marxista y de sus contradicciones internas. El Partido Popular debe cumplir con sus obligaciones, y debe dar satisfacción a sus votantes y al conjunto de la sociedad española. Si para hacer hay que cambiar la Ley, hay que cambiar los gestores del problemas, o hay que reforzar los medios de aplicación de la legalidad, que se haga así. Un país europeo de cuarenta millones de habitantes no puede depender de los traumas de sus gobernantes, ni menos aún de la conveniencia de los traficantes de carne humana, que quieren criadas, braceros, obreros y prostitutas a precio de esclavos.

Por Pascual Tamburri Bariain, 22 de julio de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.