Por Pascual Tamburri Bariain, 25 de julio de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.

Para la feligresía nacionalista, practicante o no de la violencia, la autodeterminación es un derecho, irrenunciable, cuyo ejercicio devolverá Euskalherria a la paradisíaca existencia anterior a la execrable invasión celto-romano-godo-española, hace apenas 3.000 años, quizás más. Esta singular muestra de ignorancia y mala fe sigue siendo el eje de nuestra agenda política, sigue siendo el caballo de batalla de unos políticos tan pequeños que ni siquiera conocen las necesidades reales de su pueblo, y, ay, sigue causando dolor y muerte.

A falta de proponer un retorno a la organización política de los vascones antes de conocer la rueda y los metales (todo llegará, si la educación y la cultura del País Vasco siguen en estas manos), el nacionalismo, todo el nacionalismo sin fisuras, cree que esa autodeterminación es un derecho con fundamentos jurídicos medievales. La soberanía originaria de Euskadi, recogida en los fueros, sólo por pacto temporal y revocable, o por la fuerza, habría revertido a España. Un delirio, éste, mal fundado y mal informado: recientemente el historiador Ángel Martín Duque, máximo e indiscutible experto en este asunto, ha recordado que los fueros medievales fueron una realidad muy variada, destinada a regir comunidades tan dispares como un estamento nobiliario, un municipio, un grupo social, una comarca o una zona de frontera. Los fueros españoles, pues toda la Península adoptó las incontables formas de este particularismo jurídico, nada tienen que ver con la soberanía, salvo que el último extremo su vigencia dependía precisamente del poder soberano que los otorgaba y confirmaba.

Sólo la ignorancia maligna e incurable de los nacionalismos, bien asentada en inconfesables intereses regionales, ha podido convertir los fueros, venerables monumentos de la historia de nuestro Derecho, en justificación y sustento de una imposible soberanía originaria. Nunca el País Vasco ha sido soberano, y de hecho sus fueros proceden precisamente de la fidelidad de aquellos valles a los reyes de Castilla y de España. Además de su inexistencia histórica, la soberanía vasca carece evidentemente de valor jurídico actual, ni con esta base ni con ninguna otra. En primer lugar, el argumento que hace derivar un hipotético derecho a la autodeterminación de aquellos fueros es falaz. Alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos tuvieron unos privilegios forales por voluntad de la corona, como los tuvieron muchas otras comunidades hispanas; nada diferencia la foralidad vasca y navarra de otros regímenes, salvo su mayor duración en el tiempo, aunque por supuesto con radicales adaptaciones al ordenamiento jurídico nacional. En segundo lugar, nada une la existencia de fueros con el derecho a la autodeterminación, excepto la terca y cerril voluntad de un nacionalismo anclado aún en insulsas divagaciones románticas. Así están las cosas.

La cuestión es muy otra: sobre la mentira histórica y la ignorancia jurídica se ha construido el nacionalismo. Los dos últimos años han aclarado mucho las cosas. Uno puede ser nacionalista, y estar dispuesto a comulgar con ruedas de molino para afirmar una soberanía futura a partir de una nebulosa realidad pretérita; y lo que es peor, estar dispuesto a matar, o a tolerar que otros maten, o a aprovechar esas muertes, al servicio de ese proyecto.

Toda discusión sobre la extensión y titulares de esa autodeterminación es pura especulación: la hipótesis nacionalista ha de tomarse o dejarse tal y como está formulada. Evidentemente, desde la verdad histórica, desde la doctrina jurídica, desde la Constitución actual y todos los ordenamientos jurídicos nacionales anteriores, en España el único soberano, el único detentador del derecho a la autodeterminación es el pueblo español. Ese admirable sujeto histórico, del que los vascos forman parte destacada, va a afrontar en breve la prueba que las sacristías euskéricas traman hace décadas. El Gobierno de la Nación sólo puede dar una respuesta, y dispone de los medios para aplicarla hasta sus últimas consecuencias.

Por Pascual Tamburri Bariain, 25 de julio de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.