Privilegios fiscales

Por Pascual Tamburri Bariain, 28 de agosto de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.

Desde que hay poderes públicos hay impuestos. Dolorosamente, podemos comprobar en la Historia que los países, reyes e imperios más poderosos han sido en general los más eficaces en obtener de sus súbditos dinero para mantener en pie la Administración. A muchos nos gustaría que no fuese así, pero parece ser que, de un modo u otro, mientras haya Estados habrá que pagar a Hacienda. Se discute ahora, incluso, la posibilidad de crear un impuesto «europeo» para financiar el coste creciente e incontrolado de la burocracia europea, que sin ser estado tiene más poderes que muchos grandes señores del pasado.

Naturalmente, en los últimos siglos, al menos en Europa y en América, se ha ido imponiendo la idea de una cierta equidad fiscal: que todos los súbditos paguen, que la recaudación sea sobre bases objetivas y no arbitrarias, que a igualdad de condiciones haya igualdad de obligaciones, que se pague proporcionalmente a la riqueza, o al consumo, … son otras tantas ideas con las que identificamos la bondad o maldad de una fiscalidad. No son principios eternos, y hay muchos ejemplos de sistemas corruptos e injustos. Tampoco faltan los casos de reacciones populares contra ciertas injusticias, empezando por la declaración de independencia de Estados Unidos.

En España, desde la transición, hay un sistema fiscal mixto, bastante complejo pero que de momento funciona. PP y PSOE han lanzado globos sonda para posibles modificaciones futuras; lo único que parece probable, de momento, es un reequilibrio para impedir la irresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas y el endeudamiento municipal. Pero lo más llamativo, para un observador extranjero, es que en España hay no uno, sino cinco ámbitos fiscales diferentes. Las tres provincias vascas y Navarra recaudan sus propios impuestos, y tras atender sus propias necesidades de gasto contribuyen a los gastos generales del país con un convenio o cupo pactado con el Gobierno nacional. Cada una de esas cuatro provincias tiene capacidad para imponer sus propios impuestos, con sus propias normas.

Esta total autonomía fiscal no se deriva de «derechos históricos» de nebulosos origen, sino muy precisamente de la voluntad constitucional de respetar una situación de hecho, consagrada por el franquismo. Ahora bien, la autonomía fiscal de vascos y navarros no proviene ni de Dios, ni de la noche de los tiempos, sino concretamente de la Constitución de 1978 y de la soberanía popular encarnada en el Parlamento. Estrictamente hablando, esa autonomía tiene que ejercerse dentro de la Constitución y al servicio del interés general de España. No puede dar lugar, por ejemplo, a privilegios comparativos de unos ciudadanos frente a otros, ni a desigualdades injustas, ni a un sistema económico diferente, ni a una competencia económica desleal.

En 2001 hay tres buenas razones para recordar la existencia de una fiscalidad tan singular. En primer lugar, es obligada la negociación entre el Ministerio de Hacienda y los interesados para actualizar la aportación de vascos y navarros a las arcas comunes. En segundo lugar, la Unión Europea considera que se ha abusado en ocasiones de esos privilegios para favorecer la instalación y la competitividad de ciertas empresas. En tercer lugar, los nacionalistas vascos tratan de apoyarse en esa fiscalidad privilegiada para, no contentos con ella, crear las condiciones hacendísticas de una futura independencia. El Gobierno es responsable ante todo el pueblo de evitar males mayores, forzando las soluciones mejores para España y, en su caso, recurriendo a los mecanismos que la misma Constitución previó para casos similares.

Por Pascual Tamburri Bariain, 28 de agosto de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.