Por Pascual Tamburri Bariain, 10 de octubre de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.

La conferencia política del Partido Socialista de Euskadi, prevista para finales de año, tendrá como punto de partida del debate un documento, de 184 páginas, coordinado por Jesús Eguiguren en el que se apuesta por «entrar de lleno en el debate sobre el derecho de autodeterminación». Según explica Eguiguren, «sin renunciar a nuestros principios, estamos dispuestos a debatir todas las propuestas que se planteen».

La responsable de Política Institucional del PSE, Gemma Zabaleta, insistió en que los socialistas «en ningún caso vamos a rehuir el debate sobre la autodeterminación», advirtió. El documento a debatir en la conferencia política contempla la posible convocatoria de una consulta en torno a la autodeterminación o la independencia. El PSE aboga por admitir la consulta siempre y cuando se lleve a cabo «con garantías democráticas» y se logre «un consenso muy cualificado».

En su intento por buscar un espacio propio para el PSE entre el PNV y el PP, el documento de Eguiguren reconoce la existencia de un conflicto político. «El problema vasco es previo al surgimiento del terrorismo y seguirá existiendo también tras el final del terrorismo»: las tesis nacionalistas en estado puro. Yendo más allá, el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, reclamó un congreso extraordinario y «un cambio radical» de las personas que integran la dirección del partido.

Mientras tanto, el portavoz del PP en el País Vasco, Leopoldo Barreda, mostró su preocupación por el giro que, a la vista del documento conocido ayer, pueda dar el PSE tras su conferencia política, ya que, a su juicio, la estrategia compartida por ambas formaciones hasta las elecciones de mayo «fue acertada». El portavoz del gobierno vasco, Josu Jon Imaz, expresó su confianza en que el debate interno ayude a que el PSE «recupere las señas de identidad del socialismo histórico vasco, la defensa del diálogo, el entendimiento democrático y la consecución de una sociedad más justa». A la vez, el Gobierno , a preguntas de IU, manifiestó en una respuesta parlamentaria que una hipotética consulta sobre el marco jurídico vigente habría de ser autorizada previamente por el Ejecutivo español, y que no cabe en la Constitución democrática. Tras afirmar que «la soberanía reside en el pueblo español», advirtió de que tomará las «medidas necesarias para evitar que se vulneren los preceptos constitucionales».

Por Pascual Tamburri Bariain, 10 de octubre de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.