Por Pascual Tamburri Bariain, 19 de noviembre de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.

Política, historia y derecho no siempre son fáciles de separar. Especialmente en cuanto hace referencia a la pretendida autodeterminación vasca, no siempre es fácil saber quién es político, quién es jurista y quien es historiador, o pretende serlo. Los nacionalistas vascos han sido en esto muy flexibles: su brazo «intelectual» (pues existe, así como hay un brazo «armado» y otro «político») ha manejado con soltura los improbables argumentos que en epígrafes anteriores se han ido reseñando, tratando de justificar sus avances políticos y sus pretensiones futuras. De su mano han ido los juristas, aunque ya se sabe que si el historiador nacionalista es un hombre imaginativo, el hombre de leyes es ante todo voluntarioso: trata de conciliar imposibles.

Y quedan, por supuesto, los políticos. Toda la política nacionalista se supedita a la obtención de la independencia, vía el reconocimiento del «derecho histórico» a la autodeterminación. Todo se sacrifica a ese fin y se planifica pensando en ese fin. La debilidad el nacionalismo es, como se ha visto, la inconsistencia doctrinal de sus propias pretensiones: visto fríamente, el soberanismo, con todos sus argumentos históricos y jurídicos, es deleznable, una criatura enclenque, débil y desnuda. La fuerza de del nacionalismo radica en cambio en la tenacidad de sus políticos en llevar el agua a su molino: mientras los políticos no nacionalistas, e incluso antiseparatistas, hacen política, se alían y se enfrentan alternativamente unos con otros según un juego político más o menos normal democráticamente hablando, los nacionalistas juegan su propia partida, con otras reglas.

Las normales discrepancias políticas para los nacionalistas son abismos insalvables, trincheras por conquistar y batallas por vencer. El nacionalismo emplea en política las reglas del arte de la guerra: es, sencillamente, un movimiento totalitario, para el que los medios, los objetivos mediatos y los principios que los demás consideran intocables son sólo instrumentos de lucha. Cuando dos partidos no nacionalistas se enfrentan, el nacionalismo terciará invariablemente, no por convicción, sino para obtener, como premio por su alianza circunstancial, concesiones permanentes hacia el reconocimiento de los cruciales «derechos históricos» y el ejercicio de la autodeterminación. cuando el nacionalismo, por esta vía, logra conquistar una posición institucional, un cargo representativo, el reconocimiento de un derecho o la afirmación de un principio, jamás retrocede. Y, por supuesto, desde las posiciones conquistadas todos los medios se orientan a nuevos y más avanzados objetivos. En las instituciones vascas y navarras el nacionalismo vasco actúa así, casi siempre con una sonrisa meliflua en los labios.

¿Por qué los demás partidos permiten esto? Porque no juegan al mismo juego: los partidos mayoritarios (PSOE, PP) compiten entre sí por el poder a nivel nacional, y por los puestos de poder a nivel local, provincial y regional. Conciben la democracia parlamentaria según la Constitución, y por consiguiente buscan la alternancia democrática y la rotación institucional. En el caso vasco y navarro, es un error imperdonable: ese juego, si se da entrada en él a los nacionalistas, deteriorará ulteriormente la convivencia nacional, y hará avanzar aún más al nacional-terrorismo. ¿Qué se puede hacer? Es bien sencillo: dado que el nacionalismo no es democrático, pues no acepta el único marco de convivencia democrática posible en España, no se debe permitir que participe en las instituciones democráticas. En la medida en que algunas organizaciones nacionalistas sigan siendo legales (lo que no es ni mucho menos una necesidad, constitucionalmente hablando), basta no pactar, no dialogar y no hacer concesiones a esos enemigos de la Patria y de la libertad. Si esto obliga a socialistas y populares a posponer sus querellas, e incluso a aliarse, que lo hagan sin miedo, porque el pueblo español está con ellos, y el futuro del País Vasco lo exige. Hay muchos ejemplos similares y recientes en democracias europeas perfectamente consolidadas.

Otra cosa es que dentro de esos grandes partidos haya tendencias ideológicamente proclives a las tesis nacionalistas. No se trata aquí de que haya partidarios de alianzas tácticas con el nacionalismo en función política antisocialista o antipopular; esos son sólo políticos cortos de vista. La verdad es que, además, hay autodeterministas en los entornos de los partidos democráticos. Hay, cerca del PSOE y también cerca del PP, defensores de la tesis de los «derechos históricos», gentes que creen sinceramente en la existencia de éstos. Ahí tiene el verdadero problema socialistas y populares. El difunto Ernest Lluch, el vivo de Odón Elorza, los huérfanos del peor felipismo, y alguna rancia derecha filovasca como la de Miguel Herrero de Miñón, son la prueba de que el primer paso para rebatir doctrinalmente el absurdo de los «derechos históricos a la autodeterminación» es asegurarse de que ninguno de los teóricos «españolistas» está dispuesto a hacer concesiones de fondo a ese sangriento movimiento totalitario.

La mala fe nacionalista es abrumadora. Se afirma pomposamente el contenido democrático del derecho a la autodeterminación, que, para todos los nacionalistas, queda legitimado por los llamados «derechos históricos». Pero, al mismo tiempo, el nacionalismo ha tomado sus medidas, que de hecho convierten la autodeterminación, por sí misma absurda, en un sinónimo perfecto de independencia. Ante todo, el derecho se define como una posibilidad siempre abierta. Cuando convenga a los partidarios de la independencia se ejercería el derecho, y tantas veces como convenga, en la dirección más conveniente para el nacionalismo. De hecho, los dirigentes nacionalistas identifican el pueblo vasco «soberano» con los partidarios de la soberanía. En segundo lugar, la autodeterminación tendría como sujeto al pueblo vasco, pero se evita decir con claridad quiénes serían los llamados a votar. Naturalmente, con adecuados criterios raciales, lingüísticos, culturales y de adhesión a la causa nacional vasca, el censo de los titulares del derecho a la autodeterminación lo compondrían los afiliados a los partidos nacionalistas, cosa por lo demás muy práctica. ¿Qué es el pueblo vasco de 2001? ¿Qué relación tiene con el teórico titular de tan cacareados derechos? Y en tercer lugar (Xabier Arzallus ha sido muy explícito al respecto), el autodeterminación queda definida como un derecho irrenunciable. Si se convocase un referendum, y tuviese resultado negativo para el PNV, Arzallus y sus muchachos se considerarían legitimados para pedir otro referendum al cabo del tiempo: el derecho histórico a la autodeterminación, así entendido, sólo se consumiría y se consumaría con la independencia. ¡Al fin y al cabo, todo es poco para un pueblo que habría sido soberano desde el Neolítico! Conclusión nacionalista: la única respuesta posible en caso de autodeterminación es positiva. Conclusión para las gentes de bien, estén donde esté: el nacionalismo ha inventado su propia idea de «derechos históricos», y no hay que aceptarla en ninguno de sus extremos. El patriotismo es una obligación para los partidos que representan a la mayoría de los españoles, y el pueblo debe exigírselo sin ninguna concesión a los separatistas.

Por Pascual Tamburri Bariain, 19 de noviembre de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.