Contra el terrorismo: caiga quien caiga

Por Pascual Tamburri Bariain, 21 de noviembre de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.

El Gobierno ha solicitado la inclusión de ETA entre las organizaciones terroristas perseguidas por la comunidad internacional. Sin duda, la petición es lógica y será admitida por nuestros aliados, que han aprendido dolorosamente el precio de la tolerancia con lo intolerable. ETA lo va a tener más difícil, y ya era hora.

Batasuna debe figurar junto a ETA entre los grupos terroristas, con la fórmula más eficaz para la aniquilación de ambas bandas. No tiene sentido combatir contra ETA sin eliminar todo su aparato legal. No tiene tampoco sentido ilegalizar Batasuna y perseguir a ETA mientras las bases económicas y sociales del movimiento clandestino siguen en pie (grupos juveniles, coordinadoras de presos, escuelas de vascuence, asociaciones deportivas y culturales, editoriales, etc.). Debemos ser conscientes de que todos esos frentes dan forma a una sola realidad: ETA, que sigue matando.

También se abrirá un frente judicial antiterrorista. El nacionalismo en sus varias formas, y los cómplices de ese mismo nacionalismo al sur del Ebro, consideran ofensiva la actitud de Manuel Jiménez de Parga, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Una cosa es cierta: como ha dicho el ilustre magistrado, «ningún lehendakari de Oklahoma se opone a las medidas antiterroristas de Bush». El PNV y a sus políticos, en cambio, no hacen otra cosa. En anteriores legislaturas, los Tribunales acobardados han sido un obstáculo para la lucha antiterrorista. Ahora, con esta renovación, el Gobierno de la Nación dispone de todos los elementos precisos para desarraigar a ETA.

El PSOE haría bien en dejar atrás sus intereses partidistas, como los manifestados en la reunión del Pacto Antiterrorista del 20 de noviembre pasado, y unirse al PP en una lucha que no es de partido. Nicolás Redondo Terreros, a diferencia de otros socialistas, más preocupados de sus intereses partidistas que de los del país, ha dicho lo que la inmensa mayoría de los españoles piensa: «Siempre ha habido relaciones entre el PNV y ETA, que nunca han explicado, y han tenido muchas más tras los hechos del 11 de septiembre». Dialogar, negociar e intercambiar información con ETA al margen de la voluntad y de las necesidades nacionales es delito. El nacionalismo vasco en su conjunto, así como una parte muy grande de la extrema izquierda extraparlamentaria, ha actuado y actúa como agente, mentor y tutor de ETA, que sin su ayuda habría perdido toda capacidad operativa y todas sus fuentes de reclutamiento, información y propaganda. Si estos hechos, evidentes, consiguen probarse (como puede suceder en las distintas investigaciones internacionales), las consecuencias son claras. Hará falta un Gobierno con coraje que las extraiga.

No se trata sólo de detener, juzgar y condenar asesinos; se trata de privarles de todo aquello que hace posible la existencia de la banda. Como ha dicho César Alonso de los Ríos, «el complejo PNV/EA/EH/IU/ETA choca con la Unión Europea». También es incompatible con el nuevo espíritu internacional. No faltan ejemplos en Europa de ilegalizaciones globales de toda un ala del espectro político, si se ponen en riesgo los valores fundamentales de la nación o la unidad de la misma. Hay poner fuera de la Ley a todos los colaboradores del terrorismo, en la más amplia acepción. Hay que hacer cumplir las normas vigentes en España y los acuerdos internacionales suscritos, eliminando de la convivencia nacional al terrorismo y a todos sus sostenes políticos, sociales, mediáticos, culturales y financieros. Esto es legalmente necesario, como obligación de los poderes del Estado; es además políticamente deseable y jurídicamente posible. Ha de hacerse sin miedo, sin exclusiones timoratas y sin esperas inútiles. Como muchas veces se ha dicho en política en los últimos tiempos, caiga quien caiga.

Por Pascual Tamburri Bariain, 21 de noviembre de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.