Por Pascual Tamburri Bariain, 30 de noviembre de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.

Un mes después de los atentados del 11 de septiembre Estados Unidos advirtió a España de la existencia de una célula terrorista de Al-Qaeda en España, relacionada con los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. El 18 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, envió a prisión a ocho islamistas, acusados de unos cuantos miles de delitos de terrorismo. La investigación ha dado pruebas tangibles de esa vinculación. Ben Laden tenía grupos de terroristas en los países de Europa Occidental, al amparo de las inmensas comunidades de inmigrantes y protegidos por legislaciones muy garantistas que, como la española, hacen prevalecer los derechos de los delincuentes sobre la libertad del pueblo.

En España la polémica es añeja: en nombre de los derechos y libertades individuales, históricamente se ha puesto en peligro la seguridad del país, así como la vida de los servidores del Estado, y hasta la de los comunes ciudadanos. ETA, hasta el día de hoy, ha disfrutado de una legislación penal que, siendo loable y muy avanzada para un país en tiempos de paz, es manifiestamente inoperante en tiempos de guerra. Pues bien, España está en guerra contra el nacional-terrorismo desde 1968; y ahora, además, se enfrenta a una amenaza, aliada con la anterior, que no sólo llega de las costas meridionales del Mediterráneo, sino que vive ya en nuestras calles y barrios.

Es falso plantear este debate como si libertad y seguridad fuesen términos opuestos. Sin seguridad para la gente, no hay libertad posible. Sin paz y justicia no hay un ejercicio activo de las libertades constitucionales. Corresponde al Gobierno, ante todo, garantizar la convivencia pacífica y democrática, haciendo que el imperio de la ley llegue a todos los sectores sociales y a todas las regiones. Sólo entonces tendrá sentido el rico programa de libertades garantizado por la Constitución de 1978.

No sólo Estados Unidos ha entendido así la lucha contra el terrorismo. Otros países, enfrentados a este tipo de conflictos, han sabido defender la libertad con las armas más contundentes que el respectivo ordenamiento permitía: así, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, frente a terroristas interiores y exteriores. En el caso español aún no se han adoptado las medidas extraordinarias equivalentes, previstas en la legislación vigente. Hay que recordar que el artículo 116 de la Constitución define los estados de alarma, excepción y sitio, en los que los poderes del Estado concentran sus competencias, restringiendo algunas libertades para garantizar la paz y la seguridad. Además, en caso técnico de guerra (que el artículo 5 el Tratado del Atlántico Norte permitiría haber declarado, pero que por razones políticas se ha preferido obviar), sería aplicable a ciertos delitos el Código Penal Militar. Por último, siempre en materia de normas extraordinarias de seguridad y prevención, nadie debe olvidar que en caso de actuar un poder regional autónomo contra el interés general de España puede ser suspendido y sustituido por el Gobierno de la Nación.

Países de nuestro entorno han restringido temporalmente ciertos derechos y libertades individuales para garantizar mejor la paz, la seguridad y la Libertad. ¿Se dan en España las mismas circunstancias excepcionales? Creemos que sí, y hasta más graves porque al enemigo exterior se unen sanguinarios enemigos interiores, en alianza con él. ¿Tienen nuestro Gobierno y nuestro Parlamento instrumentos legales para proporcionarnos esa garantía adicional? Con seguridad, sí; y aunque no fuese así, son depositarios de la voluntad popular, de la soberanía nacional, y pueden dotar al país de las nuevas normas que sea preciso. ¿Están dispuestos a defender, también por este camino, la auténtica libertad de la gente? Esta es la gran cuestión de los próximos días.

Por Pascual Tamburri Bariain, 30 de noviembre de 2001.
Publicado en El Semanal Digital.