España exige lealtad a los inmigrantes

Por Pascual Tamburri Bariain, 20 de febrero de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.

Muchos extranjeros ni pueden ni quieren integrarse: quieren romper España

Fátima Al-Idrisí va al Instituto con pañuelo. En El Escorial es libre de hacerlo. ¿Podría una niña española ir a la escuela en La Meca llevando un símbolo cristiano? ¿Están en juego sólo los derechos individuales de los inmigrantes? ¿España puede permitirse más inmigración? ¿Quién está detrás de la ofensiva islamista en España?

El problema de Fátima Al-Idrisí «no es el problema de un pañuelo», según Pilar del Castillo, ministra de Educación. El Ejecutivo y el PSOE están preparando un gran acuerdo sobre inmigración, que tenga en cuenta las grandes inquietudes de la sociedad y el respeto de los valores esenciales de la democracia española. El actual marco normativo, la Ley de Extranjería, además de no cumplirse, ha sido ampliamente superado por la realidad.

Distintas voces del Partido Popular se han levantado para denunciar el uso del chador en nuestro país como un símbolo de discriminación sexual y la necesidad de que los inmigrantes se adapten a las costumbres del lugar de adopción. La izquierda, fiel a sus dogmas, encuentra en estas opiniones «ramalazos racistas». Pero es sólo un pretexto.

Las asociaciones de inmigrantes y los sindicatos, y en particular la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) están actuando a las órdenes de los servicios de espionaje marroquíes. Los periodistas Enrique Montánchez y Pedro Canales afirman que «hay un plan secreto para reislamizar España por parte de varios países árabes», concretamente Marruecos y Arabia Saudí. Montánchez y Canales son los autores del libro ‘En el nombre de Alá’, recientemente publicado.

La incesante proliferación de casos como el de Fátima, las lamentelas de los colectivos de inmigrantes musulmanes, el victimismo de los ilegales coreado por las Embajadas, así como la alianza con empresarios sin escrúpulos y con la izquierda antinacional serían otros tantos pasos en una estrategia terrorista a medio plazo, organizada y financiada desde el exterior.

Los autores del libro advierten de que la inmigración de origen norteafricano es un «caldo de cultivo» perfecto para el integrismo. Marruecos se libera, favoreciendo la emigración, de su exceso de población joven y fanática. Otros poderes islámicos, saudíes especialmente, aprovechan la coyuntura demográfica para «recuperar Al-Andalus», perdido para ellos en 1492. Al llegar a España, los inmigrantes reciben apoyo inmediato de estas redes ilegales, que les dan dinero y los alojan además de transportarlos. Una vez cubiertas las primeras necesidades de los recién llegados, las redes continúan con el proselitismo religioso.

En España hay más de un millón de potenciales agentes islamistas. Son la vanguardia de la reconquista islámica. Incluso 30.000 españoles de origen se han convertido al Islam, generalmente en grupos radicales, seguros agitadores al servicio del extranjero y potenciales terroristas. Como en 711, la España de 2002 tiene sus don Julianes y sus don Oppas.

En otoño fueron detenidos en toda España algunos agentes de Usama ben Laden. Al Qaeda tenía sus bases europeas entre Italia y España, donde siguen estando. Las empresas de Ben Laden aún operan en España con total libertad, establecidas, fundamentalmente, en el Levante. Para Montánchez y Canales «el terrorismo islamista ha convertido a España en una plataforma de preparación logística para atentar contra objetivos en otras naciones».

El secretario general del PP, Javier Arenas, ha reiterado que el objetivo de su Partido y del Gobierno es la integración de los inmigrantes, añadiendo que «ese objetivo debe ser también de los inmigrantes, que tienen que hacer un esfuerzo para alcanzar ese objetivo final». En la misma línea, la ministra de Educación dijo que «lo que tiene que hacer quien se escolarice en este sistema educativo es participar y formarse según esas condiciones».

En términos similares se ha expresado el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, quien dijo que «es el momento de iniciar un debate en lo que empieza a ser una realidad: la diversidad de culturas». A este respecto el panorama legal, social y de opinión pública es suficientemente nítido: no todos los inmigrantes vinieron a trabajar, ni quieren hacerlo según las normas del país, ni piensan en integrarse.

En Melilla, y en menor grado en Ceuta, se pueden ver las intenciones del mundo musulmán respecto a España. El fundamentalismo islámico quiere convertir Melilla en una «nueva Palestina», una especie de zona liberada en la que de hecho los musulmanes impongan su ley. Algunas ciudades y regiones españolas, como el Estrecho, la Ribera navarra, la costa entre Almería y Alicante, La Rioja y Valencia están convirténdose en «zona árabe», con enormes tasas de delincuencia callejera y con el intento de imponer las leyes y costumbres islámicas. Los vecinos españoles afirman que los musulmanes están tratando de crear un ghetto islámico. Las mujeres españolas, por ejemplo, ya no pueden llevar minifalda, caminar libremente por la zona o fumar.

Se ha establecido una relación de desigualdad con el grupo humano «inmigrante». Utilizando la libertad de expresión (inexistente en ningún país musulmán o africano, por cierto) tildan de intolerantes y de racistas a los españoles, pero en cuanto son mayoría defienden la más radical intolerancia.

En el último mes se ha planteado netamente el debate sobre la inmigración en España: ¿Deben integrarse los inmigrantes en la cultura española? ¿Pueden por el contrario conservar la suya de origen, incluso en futuras generaciones? ¿Es esto compatible con la paz social en España? Y, sobre todo ¿quién ha dicho que la inmigración de tres o cuatro millones de extranjeros sea buena, o imprescidible, para España? Para todas estas preguntas hay más de una respuesta

Por Pascual Tamburri Bariain, 20 de febrero de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.