Por Pascual Tamburri Bariain, 14 de marzo de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.

El Plan Hidrológico Nacional dejó hace mucho tiempo de ser un asunto técnico. Hoy, cuando se habla de embalses, canales, trasvases y regulaciones se está hablando fundamentalmente de dinero y de política, no de decisiones que los profesionales del ramo puedan adoptar por sí solos.

En las zonas rurales españolas afectadas por las grandes obras hidráulicas las opiniones se han dividido. Los afectados por las obras de cabecera o de captación, en las zonas con teóricos excedentes hídricos, se oponen al Plan o a partes del mismo, alegando que «su» agua les va a ser «robada».

Frente a ellos, los hipotéticos beneficiarios de las obras, los agricultores en comarcas de presentes y futuros regadíos, defienden el plan con argumentos económicos y sociales dignos de idéntico interés. Toda España, en definitiva, y más en este año de sequía, está opinando sobre el PHN en función de los regadíos y de la modernización de la agricultura.

Pocos recuerdan, sin embargo, que los sectores que más agua emplean, y que más aumentan año a año su consumo de agua, son la industria y los abastecimientos urbanos. El campo, abandonados o modernizados los viejos regadíos, consume cada vez menos agua por unidad de producción.

Hay una cuestión política que pocos se atreven a mencionar: muchas obras hidráulicas se hacen, aunque nada se diga, o incluso aunque se diga lo contrario, para dar de beber a las ciudades. Se sabe ya que el consumo de productos de regadío en la Unión Europea tiene un doble límite, insalvable: el mercado no crece (pero con las nuevas incorporaciones sí va a crecer la competencia), y las exigencias ecológicas se hacen cada vez más rigurosas (impidiendo la extensión del modelo almeriense a más regiones, por ejemplo).

No hay, pues lugar para muchos más regadíos, al menos económica y ecológicamente viables. Sin embargo, algunos políticos insisten en este aspecto, presentando en regiones rurales un provenir de desarrollo ligado al nuevo regadío, cuando se sabe positivamente que éste no llegará a existir, o que no será la panacea de todos los males.

¿Por qué? Son precisamente las regiones rurales las que van a pagar el mayor coste del PHN (expropiaciones, desalojos, inundaciones, nuevos riesgos, deterioro paisajístico); es razonable ofrecer compensaciones. Compensaciones en muchos casos ahora ilusorias, es cierto pero ¿qué importa eso a un político que sabe que durará poco en el cargo? Evitar los problemas y contener las protestas es todo lo que piden algunos.

Se podría actuar de otra manera. Asumir virilmente la verdad, reconocer qué destino habrá de tener el agua de los nuevos embalses, y decir a todos los españoles que, en nombre del bien común, de la solidaridad nacional y de los intereses generales del país unos deben sacrificarse por otros. Y entonces, sólo entonces, compensar a los afectados, con hechos y no con palabras, con realidades y no con ilusiones insulsas.

El PHN es una apuesta valiente por el futuro. Pero su explicación y defensa no siempre ha sido tan valiente y veraz. Los agricultores españoles entenderían un lenguaje directo y sencillo, que llamase a las cosas por su nombre. Especular con la actual media de edad de las gentes del campo, y pensar que muchos no estarán aquí cuando algunas promesas sean incumplidas, es una cobardía innecesaria.

Tirso Lacalle

Por Pascual Tamburri Bariain, 14 de marzo de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.