El despliegue policial en el País Vasco y Navarra

Por Pascual Tamburri Bariain, 1 de mayo de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.

El Plan Norte de reorganización de las Fuerzas Armadas, y las reformas militares posteriores, ha dejado las provincias vascas y Navarra con una presencia militar poco más que simbólica. Tampoco se puede pedir mucho más para un Ejército de Tierra que confiesa no disponer de más de 70.000 efectivos operativos. Pero el problema es que, encircunstancias excepcionales, no puede recurrise a unos medios que no existen, y aquellas cuatro provincias drenan los recursos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de un modo alarmante.

Sobre todo en casos de emergencia. Para la reciente – y aún abierta – campaña de detenciones de etarras y batasunos se han visto en las calles cantidades insospechadas de policías, especialmente de paisano, que evidentemente han tenido que abandonar otras tareas. Si a ellos sumamos los también numerosos agentes, asalariados y corresponsales de todas las agencias, servicios y cuerpos más o menos implicados en el asunto etarra, la verdad es que hay que darles la razón cuando se quejan – y se quejan – de escasez de medios humanos.

En su reciente réplica a Zapatero, José María Aznar ha mostrado las impresionantes cifras de incremento de plantillas policiales en los últimos años. Pero, hay que añadir, esos jóvenes aún no han salido de la Academia de Ávila, o aún no han adquirido la experiencia necesaria para trabajar en el Norte.

Puede sugerirse – desde el mayor respeto e ignorancia confesada – algún tipo de reorganización. No es lógico que haya organismos tan numerosos, trabajando en las mismas calles, a veces con los mismos problemas, sin una coordinación eficaz. No es posible que los criterios operativos de algunos de esos organismos sigan rígidamente anclados en la Transición, y que formalmente tengan que dar la misma importancia a los grupos «antigolpe» que a los grupos antiterroristas ¡en Guipúzcoa o en Navarra!. No es decoroso que se realicen operaciones de información y agitación en el entorno de organizaciones legales, ajenas al problema nacionalista, mientras los mandos de la lucha antiterrorista claman por más personal. No es ni siquiera lícito que, en un pasado muy reciente, desde ciertos servicios del Estado se haya seguido considerando a los grupitos ultraderechistas – rigurosamente infiltrados, gracias al candor y a la cobardía mental de sus militantes – como cipayos para hacer trabajos sucios que los funcionarios no querían o no podían hacer. Es moralmente reprobable que con dinero público y funcionarios públicos se fomenten, sin sentido concreto alguno, las infantiles querellas entre las distintas bandas de fachas.

Queremos más medios para la Policía, para la Guardia Civil y para el Cesid También, por supuesto, para los Ejércitos. Si se empeñan, incluso para los cuerpos autonómicos. Pero los ciudadanos tenemos derecho a exigir que esos medios se empleen bien, no sólo dentro de la legalidad sino dentro de la racionalidad antiterrorista. Sería triste tener que asistir de nuevo a denuncias periodísticas de casos ajenos a una y otra.

Por Pascual Tamburri Bariain, 1 de mayo de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.