La inmigración rompe la paz social en Europa

Por Pascual Tamburri Bariain, 27 de mayo de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.

José María Aznar, de acuerdo con Anthony Blair y Silvio Berlusconi, quiere centrar la Cumbre de Sevilla en el problema de la inmigración. En una Europa que se siente incómoda y amenazada ante el aluvión de extranjeros ilegales e inasimilables, el presidente del Gobierno quiere evitar males mayores para España. Está muy presente el ejemplo de Francia, donde la inseguridad, el desasosiego y el miedo al futuro han hecho mella en la mayoría de los ciudadanos. ¿Qué hacer?

La inmigración y las obras de misericordia políticas

Cuando España era católica, se enseñaba en todas las escuelas de la nación que las tres primeras obras de misericordia espirituales son “enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita y corregir al que yerra”. Aunque el país ha cambiado mucho, seguramente nuestros políticos, en algún rincón de sus ocupadas mentes, aún recuerdan estas sencillas propuestas, válidas también en una ética laica.

Hace apenas diecinueve meses, cuando este Semanal inició su andadura, la corrección política a la que recientemente se ha referido en tono crítico José María Aznar imponía grandes cautelas al tratar la cuestión de la inmigración. La entrada masiva de extranjeros, se nos decía entonces, no era un problema, sino un fenómeno inevitable, siempre positivo, siempre enriquecedor. La cuestión no era definir los intereses nacionales frente a la inmigración, ni garantizar la identidad cultural española, ni tampoco atender las quejas crecientes de la gente normal, que conviviendo con las masas de extranjeros percibía la dificultad de su integración en Europa. Para los planificadores políticos y económicos, se trataba sólo de hacer económicamente ágil el proceso de inmigración y mestizaje.

Era políticamente correcto, como casi siempre, porque la izquierda lo había definido así. En toda Europa, la socialdemocracia y el marxismo fomentaban la entrada de extranjeros, seguros de la rentabilidad cultural y política de la operación para sus intereses de facción. Y la derecha económica no se quedaba atrás en “corrección”, segura como estaba del abaratamiento de los costes laborales y de movilidad de los trabajadores inherente a la entrada de este nuevo proletariado de color. A cualquier precio.

¿Qué ha pasado en este año y medio? José María Aznar, que a decir verdad nunca fue entusiasta de la inmigración masiva, está dispuesto a reformar su propia Ley de Extranjería, critica duramente lo que hasta hace poco eran dogmas de corrección política y ha presentado, como presidente de turno de la Unión Europea, un paquete de medidas que habrían escandalizado a casi todos en 2000. José Luis Rodríguez Zapatero se permite asociar, con todos los matices que se quiera, las dos realidades inseparables y antes innombrables, inmigración e inseguridad. El primer ministro Blair – otro socialdemócrata – se propone emplear los aviones de la RAF para repatriar forzosamente inmigrantes ilegales, y quiere desplegar las flotas de guerra europeas para impedir la entrada de inmigrantes por nuestras costas. Todos están de acuerdo con Silvio Berlusconi en crear un nuevo cuerpo armado específicamente dedicado a esta tarea.

“Inmigración”, “delincuencia”, “invasión” y “expulsión” son palabras que ahora pueden aparecer libremente unidas en una frase políticamente correcta. Aznar, Blair, Berlusconi, Chirac, Stoiber y hasta Zapatero lo hacen, seguros de ser entendidos y apreciados por los ciudadanos. No se trata ya de excentricidades extremistas, propias de los Le Pen, Haider, Bossi, Fini o Dewinter., pues lo que era marginal se ha convertido en centro del debate político. Si la clase política erraba, se ha corregido; si no sabía, se le ha enseñado.

¿A quién se debe este “buen consejo” que los políticos han atendido tan repentina y entusiastamente? A la gente normal. Mes tras mes, las encuestas de opinión, el pulso de la calle, las consultas electorales han ido señalando en toda Europa que los ciudadanos estaban llegando a un nivel de saturación. En muchos barrios, ciudades y pueblos la vida tal y como se entendía antes de la llegada de inmigrantes es ya imposible. El choque entre civilizaciones se está produciendo no en el escenario geopolítico, sino en cada manzana de casas, en cada parque, en cada mercado. Decenas de millones de extranjeros, muchos de ellos sin poder ni desear integrarse en Europa, viven a expensas de los europeos. Y la gente no encontraba respuesta en su clase política.

Sea por convicción, sea por interés electoral, lo cierto es que los políticos, o al menos los más relevantes, han cambiado drásticamente de tono. En cuanto a la definición de los problemas, han atendido el consejo de la gente, se muestran receptivos a inquietudes que antes eran anatemizadas. Como los confesores de antaño, diremos que “los errores pasados quedarán perdonados si perseveran en el buen camino”.

Queda la segunda parte. La gente no sólo quiere comprensión, quiere soluciones. Y del mismo modo en que señaló el problema con tanto acierto que los políticos han recogido su mensaje, la gente sabe cuáles son esas soluciones. Las medidas que José María Aznar, presidente de Europa, debe llevar a Sevilla.

A cualquier precio, debe acabar la inmigración ilegal. Los países que la promueven deben ser sancionados, las fronteras deben ser selladas, los transgresores deben ser repatriados y contra los traficantes de esclavos debe actuar la Justicia. Los inmigrantes legales ya en España deben ser tratados con respeto a sus derechos, pero debe exigirse de ellos idéntico respeto por el país que los acoge, por sus ciudadanos, su cultura, sus leyes y sus instituciones. La cohesión social de Europa no permite la formación de ghettos ni castas, de modo que habrá de prescindirse de la inmigración inasimilable y habrá de fomentarse, por un lado, la natalidad que haga innecesario este drama, y por otro la venida de europeos, que manifiestamente no generan los mismos problemas.

De Sevilla, sobre todo, debe salir un compromiso de coherencia. Por dos veces, en 2000 y en 2001, el Gobierno español abrió procesos de regularización de inmigrantes ilegales, pese a sus promesas electorales y a haber proclamado en numerosas ocasiones su rechazo inapelable a abrir un proceso de regularización extraordinario. Por dos veces, si no más, prevalecieron el temor a la incorrección política y a los grupos de presión, y la gente se sintió traicionada. Las medidas deben ser legales, realistas y eficaces, pero ante todo deben ser respetuosas con la voluntad, los intereses y la dignidad del pueblo español. Así se evitarán males mayores en una cuestión tan delicada.

Por Pascual Tamburri Bariain, 27 de mayo de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.