Por Pascual Tamburri Bariain, 13 de junio de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.

Nunca, desde los primeros tiempos de la Transición, la situación política en el País Vasco y en Navarra ha sido tan tensa como en las últimas semanas. Una iniciativa democrática del Gobierno, la Ley Orgánica de Partidos Políticos que permitirá la ilegalización de los grupos que apoyen el terrorismo, ha suscitado reacciones sin precedentes.

Llama la atención, sobre todo, la actitud de algunos partidos. De un partido democrático cabe esperar plena adhesión a cualquier iniciativa antiterrorista. De un partido nacionalista, además, cabría esperar cierto interés directo en la ilegalización de Batasuna – pues de eso se trata -, ya que los votos que fueron proetarras antes o después podrían revertir a formaciones nacionalistas no violentas.

El Partido Nacionalista Vasco es, obviamente, nacionalista; y es democrático, y presume de serlo. Sin embargo, el PNV se opone a la Ley de Partidos Políticos. Notable altruismo el de su dirigentes, que renunciarían a la herencia electoral que sin duda les espera si se ilegaliza Batasuna. Y esa generosidad es aún mayor, ya que, defendiendo a los socios de ETA, el partido de Sabino Arana hipoteca su marchamo democrático.

En el fondo, el debate social sobre la Ley de Partidos está permitiendo al PNV mostrar su verdadero rostro, que sí es democrático, pero que ante todo y sobre todo es separatista. Como Batasuna.

El Napar Buru Batzar, cúpula navarra del PNV, está haciendo llegar a los alcaldes y concejales independientes de la Comunidad Foral un «Manifiesto de electos en defensa de la pluralidad y ante el proyecto de Ley orgánica de Partidos». Este Manifiesto, acompañado por una carta que firmó el 5 de junio José Antonio Urbiola, presidente del PNV en Navarra, es una pieza más de la movilización social de todo el nacionalismo en defensa del brazo político de Eta.

Que el PNV propusiese un manifiesto a sus propios representantes electos sería razonable. Que extendiese su oferta a otros cargos públicos vasquistas sería lógico, en el actual clima de «unión sagrada» entre nacionalistas. Pero el Manifiesto en cuestión, en los términos en los que está redactado, presentado a los ediles independientes y no nacionalistas, es un síntoma de radicalización del partido de Arzallus.

Dice el tal Manifiesto que el proyecto de Ley «ataca la libertad ideológica, al poner límites a la defensa y difusión de proyectos políticos». Sigue afirmando que «pretende dejar sin representación a una parte importante de nuestra sociedad y busca la desestabilización política de nuestro pueblo». Y concluye apostando «por el diálogo sin exclusiones … como medio idóneo para la resolución del conflicto».

En sustancia nada nuevo. No es de hoy el alineamiento del nacionalismo con las posiciones de Batasuna, y en definitiva con la idea de que las reivindicaciones de Eta han de hacerse viables para que deje de matar. No radica ahí la inquietante novedad.

En una Comunidad como Navarra, en la que los concejales mueren por no ser nacionalistas, en la que los cargos públicos no nacionalistas se ven obligados a llevar escolta armada, se propone a los independientes que firmen un Manifiesto de apoyo a Batasuna. A partir de la publicación de ese Manifiesto, los cargos públicos independientes quedarán divididos en dos campos: los «aplicados», que firmen, serán aceptables para la gran coalición nacionalista; los «réprobos», no firmantes, serán etiquetados como españolistas. Gracias al PNV, la banda armada dispondrá de una nueva lista de posibles objetivos. El PNV ha cometido una gran torpeza. Si esto no es coacción, que venga Dios y lo vea.

Por Pascual Tamburri Bariain, 13 de junio de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.