Por Pascual Tamburri Bariain, 24 de junio de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.

Eta y el PNV organizan la movilización general independentista

El escenario nacionalista: violencia política, guerra social

La huelga independentista del 19 de junio paralizó por la fuerza cuatro provincias

Arzallus pone fecha para la autodeterminación

Más voces se suman a Rodríguez Ibarra: «Si hace falta, que se decrete el estado de emergencia».

Eta, que está en la lista de los grupos terroristas de la Unión Europea, aumentó la presión sobre el presidente del Gobierno, José María Aznar, al colocar cinco bombas en distintos lugares de España durante la cumbre de Sevilla. El nacionalismo ha emprendido una carrera contra el reloj: la ilegalización de Batasuna, la marginación política de sus socios democráticos y el acuerdo europeo prohibiendo cambios en las fronteras interiores de la UE aceleran el calendario de Arzallus. Independencia ahora o nunca.

El «frente político»

PNV, EA e IU han presentado el «Manifiesto de Electos en Defensa de la Pluralidad» para rechazar el Proyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos. El documento ha contado con el respaldo de más de 1000 firmas de cargos electos. Se han recabado también apoyos de militantes socialistas y de concejales «independientes», que en unos casos son nacionalistas encubiertos y en otros, simplemente, apolíticos y no nacionalistas. Con Eta armada y el nacionalismo a su lado ¿quién se puede negar a firmar?

La meta del manifiesto no es sólo defender a Batasuna. Se trata de «la construcción de una sociedad plural e integrada, dejando de lado dinámicas aislacionistas que pretenden la ilegalización de ideas y desestabilizan gravemente nuestro pueblo». En términos nacionalistas, se trata de conseguir la independencia, con la anuencia de la izquierda.

Todo preparado para la autodeterminación

Durante seis meses, una comisión especial del parlamento vasco ha venido preparando un dictamen sobre el autogobierno. Juan José Ibarreche busca respaldo parlamentario a su intención de ‘reformular’ el autogobierno vasco. En su opinión, el «máximo autogobierno» puede conseguirse sin ruptura «activando las disposiciones adicional primera, derogatoria segunda y transitoria cuarta de la Constitución» y la adicional única del Estatuto de Guernica. Esto equivale, para los nacionalistas, a un programa de siete puntos realizable a corto plazo, incluyendo «el reconocimiento del derecho de los vascos a ser consultados sobre su futuro, un pacto con el Estado para la presencia en Europa, un sistema bilateral de garantías y el estrechamiento de la cooperación con Navarra y el País Vasco francés». Todo ello sobre la base de los «derechos históricos» y orientado a la secesión.

Hay más miedo que nunca

La mitad de los vascos y el 85% de los navarros no son nacionalistas. En un hipotético referendum libre la independencia no sería votada por la mayoría. Sin embargo, el nacionalismo marca los ritmos del debate, y el debate no es libre. La Agrupación de Asociaciones de Comerciantes de Guipúzcoa, que representa a unos 3.000 comerciantes de la provincia, decidió cerrar sus locales durante la huelga general nacionalista del día 19 para «salvaguardar su integridad y la de sus negocios». No hubo opción de secundar o no la huelga, porque los pequeños empresarios «son siempre objeto de coacciones y presiones». La Asociación de Empresarios de Hostelería de Vizcaya, informó de que sus miembros cerraron para «sobrevivir sin agresiones a la información de los piquetes».

Los no nacionalistas tienen miedo. Los cargos públicos deben llevar escolta. Los empresarios callan, cierran y pagan. Los trabajadores han ido a la huelga coaccionados. Hay miedo a actuar y miedo a expresarse libremente. En cuatro provincias no están en vigor todas las libertades constitucionales, pues el nacionalismo ha impuesto su propio «estado de emergencia».

Un falso «frente social»

ELA y LAB, los sindicatos nacionalistas, convocaron una huelga para hacer efectivo el «marco propio de negociación». Una huelga política, pero, a diferencia de la del jueves 20, no sólo contra el PP, sino contra España.

La huelga general se concibió como «un paso adelante para frenar la política del Gobierno español. Rafael Díez, de LAB (Batasuna) aseguró que «se demostró que somos un pueblo en marcha hacia un escenario político y social distinto», mientras que José Elorrieta (ELA) subrayó que «el paso dado por el sindicalismo vasco es un proceso de no retorno en defensa del ámbito vasco». Pararon las grandes industrias y los transportes, dominados por los piquetes y por las advertencias de los sindicalistas nacionalistas. Paró el Puerto de Bilbao, el Metro, FEVE y Eusko Tren. Pararon también las comarcas dominadas por el nacionalismo, como el Goyerri guipuzcoano o la Barranca navarra.

Sólo en Álava y en la Navarra central y meridional los trabajadores tuvieron alguna libertad para resistir la huelga nacionalista. ELA y LAB desarrollaron manifestaciones en las cuatro provincias, pero no en defensa de intereses laborales. El relativo éxito de la huelga del 19 muestra la capacidad de movilización nacionalista en ámbitos ajenos a la política. Quien se enfrente al nacionalismo no puede ignorar esa realidad.

¿Qué hacer?

La tensión llega a todos los ámbitos. Tras unas semanas de polémica eclesiástica, el nuncio, monseñor Manuel Monteiro, asistió a la presentación de la Fundación Víctimas del Terrorismo. El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, apeló en el mismo acto, a la memoria de las víctimas para «adoptar cuantos instrumentos legislativos, judiciales y policiales estén al alcance para tratar de combatir de forma integral al terrorismo». Rajoy afirmó por otro lado que en el País Vasco hay «un modelo educativo letal».

El ministro de Justicia, Ángel Acebes ha afirmado que con la Ley de Partidos «no hay ninguna persecución de ideas, libertades y derechos», mientras que añadió que por parte del nacionalismo vasco sí la hay. En el marco del Simposium sobre Terrorismo Internacional, que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria, Acebes reiteró que «son también terroristas a todos los efectos quienes justifican los actos terroristas». El portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, consideró «un fracaso del PNV y del nacionalismo vasco» el hecho de que después de «25 años de democracia en España ETA sigue ahí».

«Si hace falta declarar el estado de emergencia en el País Vasco, se hace». Lo ha dicho un socialista, el extremeño Rodríguez Ibarra, secundado por Marina Castaño, viuda de Camilo José Cela, y por un número creciente de personajes de todo origen y filiación. Dice Marina Castaño: «Hay veces, y ésta es una, en que lo importante es la paz; después vendrá la libertad. Y si para conseguir la paz hay que prescindir de otras cosas, se prescinde». Lo cierto es que allí donde gobierna el PNV no hay ni paz ni libertades.

Por Pascual Tamburri Bariain, 24 de junio de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.