Por Pascual Tamburri Bariain, 3 de julio de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.

Los niños, cuando sienten miedo de algo que ven, cierran los ojos. Al no ver, creen no ser vistos, y que la causa de su temor ha desaparecido. Para los adultos es una actitud risible, pero lo cierto es que un niño de cuatro o cinco años, ante un peligro, se siente más seguro negando la realidad.

La educación, entre otras cosas, consiste en hacer que los jóvenes, al llegar a ser adultos, hayan perdido este tipo de reflejos infantiles, que, de conservarse, se demostrarían incompatibles con una vida social normal. Convendremos todos en que debe ser así. Ahora bien, ¿qué hacer cuándo es todo un pueblo, una vieja nación, o al menos su clase política, quien actúa de semejante modo?

Los políticos españoles, en su conjunto y con muy honrosas excepciones, han vivido durante muchos años como escolares que, cerrando los ojos, se sienten invisibles para el profesor. Dice ahora el socialista Patxi López que en el País Vasco no hay ni libertad, ni democracia, porque sus afiliados no se atreven a salir a la calle ni mucho menos a figurar en las listas electorales. Coincide con él el popular Carlos Iturgaiz, y hasta algunos personajes de segunda fila del PNV reconocen que los «españolistas» no son libres de hacer política.

Bueno es que se diga lo evidente. Durante demasiado tiempo ha sido «políticamente incorrecto» afirmar que en el feudo de Javier Arzallus las libertades constitucionales brillan por su ausencia. De hecho, a todos los efectos prácticos, un ciudadano español normal tenía en 1972 más libertad en el Goyerri, en Rentería o en Tolosa de la que tiene en 2002. Y esto es muy grave.

Abramos, pues, los ojos. No hay libertad, no ha democracia, no hay garantía ni de la vida ni de los derechos. Cientos de miles de españoles respetuosos de las leyes amanecen cada día sin saber si será el último, y sin poder expresar lo que piensan y sienten. Llamemos las cosas por su nombre: en el País Vasco y en parte de Navarra se vive un régimen dictatorial, opresivo y antidemocrático, basado en la mentira y en el genocidio.

Hay unas instituciones cuyo fin principal es que esto no suceda. El Gobierno Vasco y su policía autonómica, para empezar, tienen la obligación de velar por la paz y la libertad. No se trata de agradecer las cortesías del PNV; es obligación del PNV y de su Gobierno cumplir y hacer cumplir las Leyes del Estado, empezando por la Constitución. Si no lo hacen, incumplen gravemente sus deberes.

Si los nacionalistas, en el poder autonómico y municipal, violan las leyes e incumplen sus únicas misiones legítimas, la obligación pasa al Gobierno de la Nación. Por todos los medios, con los ojos bien abiertos a la realidad sangrante de cada día, Aznar puede y debe instar a Ibarreche al cumplimiento de tales obligaciones. Si no lo consigue, dispone de recursos más que suficientes para, en unos casos, sustituir al Gobierno Vasco, y, en otros, emplear directamente los poderes del Estado.

En este verano se va a hablar mucho de esta posibilidad, si el nacionalismo se encona en su postura. Y llegará un día en que lo posible tendrá que hacerse real. No se trata de un relato de ficción, sino de una necesidad. Tal vez los nacionalistas abandonen su actual juego, pero de momento no parece probable. José María Aznar no puede ignorar la realidad. Para quien tiene que vivir y trabajar en el País Vasco y en Navarra no importan los juegos de partido, sino la vida, la verdad y la justicia. Llamémoslo por su nombre: hay que limitar temporal y contundentemente la libertad de algunos para garantizar la supervivencia de la Nación y de sus valores.

Por Pascual Tamburri Bariain, 3 de julio de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.