Por Pascual Tamburri Bariain, 25 de julio de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.

El plan antidemocrático de autogobierno lesiona los derechos de Navarra y las libertades de todos los vascos

Ya no hay fronteras entre nacionalistas vascos. Unidos, todos los partidos y organizaciones desde ETA hasta el PNV quieren la independencia y quieren avanzar hacia ella en 2002. Para conseguirlo, ya están violando la ley. Alaveses y navarros planean respuestas contundentes. Y José María Aznar tendrá que emplearse a fondo.

El nacionalismo se une en la ilegalidad

El gobierno vasco afirma que su proyecto autodeterminista no interfiere las competencias de Navarra. Empleando las numerosas ambigüedades léxicas del estatuto de autonomía vasco, los nacionalistas aprobaron un programa que responde a sus objetivos comunes y calca las exigencias de Batasuna y Eta dentro del pacto de Lizarra.

Reina una feliz armonía entre separatistas, una reencontrada unidad, un espejismo de independencia que a muchos parece cercana. El nacionalismo vasco ha perdido, unido y cohesionado como nunca, cualquier contacto con la realidad. Con la realidad institucional y legal en la que el País Vasco y Navarra viven. Con la realidad política definida por los poderes públicos españoles. Y con la realidad popular de una nación española que cada vez parece menos dispuesta a tolerar la mentira y la cobardía de los nacionalistas.

Dentro de los límites de lo humanamente posible, el Estatuto vasco ya está plenamente en vigor y todas las competencias razonables ya están en manos del gobierno nacionalista. A veintitrés años de la aprobación del Estatuto, que no es otra cosa que una Ley Orgánica española, los nacionalistas han puesto de nuevo en discusión el marco legal. Y tienen razón en hacerlo.

Los nacionalistas, «radicales» y «violentos» por igual, creen que el binomio Estatuto – Constitución está superado. Aunque mañana se cometiese el error de ceder las competencias residuales que la Administración Central conserva, los nacionalistas ya han puesto por escrito sus verdaderas peticiones: anexión de Navarra y, por otro lado, de Labourd, Baja Navarra y Soule; reconocimiento del derecho permanente a la secesión; construcción de un nuevo Estado, a ser posible dentro de la Unión Europea. Y todo eso, aparte de improbable, es ilegal, y por consiguiente se plantea la necesidad de «superar» el Estatuto.

Pero hay otra lectura posible de esta puesta en discusión del régimen autonómico. Si la situación ha llegado a este nivel de crispación, si cientos de miles de jóvenes vascos no se consideran en modo alguno españoles, si buena parte de la sociedad vasca vive ya de hecho de espaldas al pueblo español del que sin embargo forma parte, hay que preguntarse por la responsabilidad del Estatuto y de sus gestores.

El nacionalismo planea abiertamente, en un plazo breve, la ruptura de la legalidad. Pero si dispone ahora de los medios humanos y materiales para ese designio es como fruto de su manipulación de la legalidad y de las instituciones durante décadas. Sin violar la letra de la Ley, el Estatuto y la Constitución han servido para crear una conciencia «nacional» donde no existía y para levantar un aparato semiestatal donde sólo debía haber Administraciones periféricas del Estado español.

En consecuencia, la respuesta que se dé a Ibarreche no puede ser sólo de contención, o paliativa. El problema de fondo no es que ahora el nacionalismo vaya a violar la legalidad, sin que esa misma legalidad se ha mostrado ineficaz a la hora de prevenir el separatismo y el clima de guerra civil que se vive en las calles.

Batasuna y el PNV están preparándose para lo peor. Arnaldo Otegui ha convocado dos manifestaciones para los días 11 y 23 de agosto, en San Sebastián y Bilbao, respectivamente, y dentro de las fiestas de la Semana Grande de ambas capitales. Para los proetarras, será una oportunidad para «reivindicar la necesidad de construir un marco democrático y nacional para Euskal Herria». Otegui ya ha declarado que todos los agentes políticos, sociales y sindicales nacionalistas vascos van a ser capaces de hacer «algo positivo» y llegar a funcionar «con reglas propias, cualquiera que sea la decisión que adopte el Estado español contra Batasuna». Y Eta considera que el País Vasco vive un «estado de excepción» y apuesta por crear «la soberanía vasca sin pedir permiso a nadie».

Frente a esa ofensiva sería inútil limitarse a defender el actual marco legal e institucional. Las normas e instituciones han demostrado sus límites, ya que, lejos de encauzar al nacionalismo vasco dentro de una convivencia española nacional y democrática, han permitido que se llegue al borde del conflicto.

José María Aznar tiene que decidir. Hacia el final de este extraño verano, el nacionalismo va a romper la baraja, y esto es bien sabido. Se le podrá contestar policialmente, y esto es fácil. Se podrá defender la vigencia literal de las actuales instituciones, y esto va a ser difícil si no imposible. O se podría aprovechar la coyuntura para eliminar de la autonomía vasca todas las ambigüedades y ángulos muertos que Adolfo Suárez concedió buscando una normalización que la mala fe nacionalista nunca permitió soñar. De aquellos polvos vienen estos lodos.

Por Pascual Tamburri Bariain, 25 de julio de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.