Por Pascual Tamburri Bariain, 26 de agosto de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.

Los nacionalistas tienen que elegir: o con Eta o con España

Batasuna está viviendo sus últimos momentos. Tras la puesta en marcha de la Ley de Partidos, la aplicación del Código Penal hace inmediatamente ilegales las actividades del grupo nacionalista. José María Aznar está actuando más por interés nacional que por interés de partido. Y es hora de que populares y socialistas recuerden que la causa de tanto dolor y de tantos crímenes no es sólo un grupo de exaltados: sin nacionalismo vasco no habría terrorismo.

La solución material de un problema moral

El Congreso de los Diputados ha iniciado el lunes 26 de agosto un camino sin retorno: con la única oposición de diez parlamentarios, Gobierno y Fiscalía presentarán sendas demandas de ilegalización de Batasuna a principios de septiembre. Antes de la próxima primavera, la Sala Especial del Tribunal Supremo dictaminará si los etarras han «incurrido de forma grave y reiterada en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos».

España se enfrenta a un problema ético. No se trata sólo de un grupo de criminales, para cuya supresión habría bastado una aplicación implacable de la legislación ordinaria y extraordinaria – algo que hasta ahora no se ha hecho. Se trata de una ideología basada en la mentira, mentira sin paliativos y sin fundamento objetivo, y mentira que por su propia naturaleza lleva al asesinato y a la destrucción de la comunidad nacional española.

La cuestión moral empieza en Batasuna. Tras décadas de insulsas vacilaciones, los tres poderes del Estado han empezado a identificar a ese grupo político y a todo su entramado social con Eta. Fuera de la Ley, por consiguiente, el aparato hasta ahora legal de Eta, y susceptibles de procesamiento todos los colaboradores del crimen. No es pequeño avance.

Pero la cuestión moral se extiende al nacionalismo llamado democrático. El PNV, EA y los restantes separatismos regionales se han colocado fuera de la legitimidad institucional con su actitud de apoyo y comprensión a Eta y Batasuna. Es evidente, para quien quiera aceptar los hechos como son, que los nacionalismos son una única realidad, basada en la mentira histórica de la inexistencia de España como nación y en la atribución de cualidades nacional-estatales a algunas de sus regiones. El nacionalismo, en la medida en que se encastille en la mentira y aspire a seguir recogiendo los frutos del terrorismo, debe ser duramente castigado.

La cosa no queda ahí. La Ley de Partidos y su actual aplicación han recibido un amplio sostén parlamentario, con arreglo a la evidente voluntad popular, porque el PSOE ha colaborado con el PP. Pero el socialismo español, y la izquierda española, debe afrontar una severa reflexión ética sobre su relación con el nacionalismo. La izquierda ha concedido el marchamo de progresismo a todos los nacionalismos antiespañoles. La izquierda no está libre aún de veleidades separatistas y colaboracionistas con la mentira. Si Rodríguez Zapatero, a la luz de las encuestas, ha actuado correctamente, no puede decirse lo mismo de todo su partido, de cuya conducta futura no hay lamentablemente garantías serias.

Y la cuestión moral llega al Partido Popular. El partido de Aznar y de Mayor Oreja, es cierto, pero también el partido que durante cuatro años ha gobernado en coalición con el nacionalismo, haciendo a vasquistas y catalanistas concesiones tal vez necesarias desde el punto de vista del propio partido, pero lamentables desde el punto de vista del pueblo español.

El PP, además, se proclama heredero de una tradición política al menos discutible. La serie de concesiones al nacionalismo, la retahíla de complacencias que el nacionalismo ha empleado para manipular a los jóvenes y construir un embrión de Estado vasco, empiezan con la Unión de Centro Democrático. Si el PP es heredero de la UCD, si insiste en enarbolar el nombre de Adolfo Suárez por bandera, ha de saber también enmendar los inmensos errores de aquellos Gobiernos. Errores que han costado muchos muertos y mucho dolor, concesiones sobre cuya oportunidad jamás se consultó al pueblo español.

Dicen que José María Aznar se retira, y que quiere dejar saldado el problema separatista (que no es «problema vasco»). Que así sea, y que ponga, a partir de ahora, todos los medios materiales y morales necesarios para saldar esta deuda ética. Ojalá Aznar, al dejar la vida pública, pueda decir como Pablo de Tarso: «He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe» (2 Tim 4, 7).

Por Pascual Tamburri Bariain, 26 de agosto de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.