Por Pascual Tamburri Bariain, 3 de noviembre de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.

Medio centenar de diputados realizan, con autorización del Congreso, aciidades profesionales o empresariales. Un miembro de la Cámara puede tener otros ingresos, distintos de los emolumentos públicos, si así lo autoriza la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso. La situación de estos diputados es, por tanto, plenamente legal

La semana pasada, sin embargo, se reabrió un viejo debate con la decisión adoptada por dos diputados del PP, que han renunciado a sus cargos en empresas. Fernando López-Amor (ponente de la Ley de Suelo y a la vez asesor de una inmobiliaria privada) y Francisco Antonio González Pérez (asesor de una empresa de seguridad y vocal de la Comisión de Interior) han la cuestión de las incompatibilidades de los cargos públicos. El inefable Jesús Caldera ha afirmado que la situación de ambos era «éticamente inadmisible».

Al margen del caso concreto y de sus repliegues, la cuestión es crucial para el futuro y la calidad de la democracia española. ¿Deben los representantes del pueblo dedicarse profesionalmente y en exclusiva a su misión? ¿O pueden ejercer su mandato representativo desempeñando otras actividades no incompatibles, que les mantengan entre otras cosas en contacto con la realidad viva del país?

Repárese en que no se trata aquí de los cargos públicos – ministros, altos cargos, presidentes y consejeros autonómicos, alcaldes – que deben tomar decisiones políticas y decisiones de gasto. Se está discutiendo, de modo demagógico en algunos casos, si los españoles van a estar representados por políticos profesionales o por gente de la calle, capaz de ganarse la vida fuera de la política.

El parlamento legisla y controla al Gobierno, no gobierna. Precisamente suele reprocharse a los gobernantes una excesiva distancia con la realidad cotidiana y con las realidades que les toca tratar. Si los ministros de educación socialistas hubiesen pisado un aula de bachillerato nunca habría nacido la LOGSE. Si Los ministros de agricultura supiesen cuál es la situación real del campo no aceptarían todo lo que viene de Bruselas. Un profesional de la política opinando y decidiendo en los temas más dispares no es siempre una buena solución.

Pues bien, con mayor razón en el caso de los diputados y senadores ha de defenderse que puedan, si lo desean, ejercer su profesión en la medida de lo posible. La mayoría de los miembros del Congreso se dedica exclusivamente a la actividad política. En dos años de legislatura, sólo 53 de los 350 diputados han solicitado y obtenido ese permiso para tener un cargo en empresas privadas. Con los adecuados controles, si fuesen más tal vez la gente sentiría mejor la representación en ellos encarnada y se paliaría el desprestigio creciente de la institución parlamentaria. Un desprestigio que la profesionalización total multiplicaría hasta el infinito.

Por Pascual Tamburri Bariain, 3 de noviembre de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.