Por Pascual Tamburri Bariain, 3 de noviembre de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.

Una sorpresa para algunos. Una alegría para casi todos. La Ley de Partidos, unida a la aplicación del Código Penal a los casos más evidentes de colaboración política con bandas armadas, está funcionando. La violencia callejera ha descendido. Batasuna no está en condiciones de apoyar el terror como antes. Y aunque Eta puede matar y matará, su base operativa no es la que era.

Sobre todo, como era previsible, los efectos positivos de la nueva situación se han hecho sentir en el nacionalismo mal llamado democrático y mal llamado moderado. La existencia política de batasuna, la amenaza aún mayor de Eta y la presión cotidiana de la «violencia de baja intensidad» convenía al PNV y a Eusko Alkartasuna. Frente al mundo de Eta, el PNV podía aparentar moderación, podía beneficiarse de apoyos que, sin ser ideológicamente nacionalistas, veían en el séquito de Sabino Arana la garantía de un mínimo orden social.

La Ley de Partidos y los autos de Baltasar Garzón han implicado una casi extinción de la violencia callejera. Sin infraestructuras y abocados a una represión democrática implacable, los jóvenes y no tan jóvenes delincuentes prefieren quedarse en sus casas, o drogarse en otras latitudes. Sin kale borroka, Javier Arzallus ha perdido una de sus más importantes bazas de legitimidad social. Porque, en efecto, el Estado ha demostrado por fin que es capaz de controlar las calles y de ofrecer a los ciudadanos honrados la paz y la seguridad que les son debidos.

En unos pocos meses, el Estado ha vuelto a ser Estado en el País Vasco y en Navarra. No por entero, es verdad, porque sigue habiendo grandes bolsas de ilegalidad, es decir, amplios espacios sociales donde las normas imperativas del Estado de Derecho no están en vigor. Siguiendo la tendencia ahora iniciada, todo eso debe terminar, a cualquier precio.

Y cuando termine, el PNV no tendrá ya excusas. Si es nacionalista, deberá encabezar el movimiento nacionalista con todas sus consecuencias, arrostrando todos los riesgos y arriesgando todo su capital humano y económico. Y si prefiere la tranquilidad autonómica, habrá de reconvertirse en un partido regionalista. O tal vez se divida. En todo caso, no es la situación que Arzallus soñaba para 2002.

Por Pascual Tamburri Bariain, 3 de noviembre de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.