Por Pascual Tamburri Bariain, 12 de noviembre de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.

España se ha convertido en el transcurso de muy pocos años en tierra de inmigración. Miles, cientos de miles, millones de extranjeros han cruzado nuestras fronteras para ganarse el pan. Unos, legalmente. Otros, violando nuestras leyes. Muchos, en todo caso, alterando sensiblemente la convivencia nacional. La situación de la anterior legislatura era insostenible, y el Gobierno del Partido Popular se ha visto en la poco envidiable tesitura de tener que enmendar una de sus propias leyes. Para volver, por cierto, al espíritu que impregnaba el programa electoral popular, olvidado un tiempo por razones de pequeña política y de grandes complejos.

Sea como fuere, ahora hay un marco definido y que se supone estable para tratar el problema de la inmigración. Porque se trata de un problema, para España como país receptor y para los inmigrantes que abandonan su tierra de origen y sus familias. Las leyes están para ser cumplidas, inflexiblemente, al servicio del pueblo y del Estado.

Una de las posibilidades que la nueva Ley ofrecía era el establecimiento de cupos anuales según la demanda del mercado de trabajo español. Para 2002, por ejemplo, las autoridades españolas de inmigración fijaron un cupo de 21.295 inmigrantes temporales, especialmente para la agricultura, un sector empleador neto de inmigrantes. En septiembre se han hecho públicos los primeros resultados del proceso. Los agricultores españoles sólo han necesitado, y contratado, 9.737 temporeros de los pedidos, es decir menos de la mitad.

La primera conclusión, si se quiere provisional, es que la demanda de mano de obra extranjera no es tan grave, aguda e imperiosa como se había pretendido por razones ideológicas. La segunda es aún más significativa: de los inmigrantes venidos legalmente sólo 515 son marroquíes, un 5’2%, en su mayor parte parientes de inmigrantes ya regularizados en España. Por el contrario, los empresarios españoles han coincidido en elegir trabajadores europeos del Este. Son casi 7.500 entre rumanos y polacos, equivalentes al 78% del total de inmigrantes leales de 2002, hasta la fecha.

Hasta este año no se había dado a los empleadores opción a expresar sus preferencias. Masivamente, contra las suposiciones oficiales y contra las declaraciones amistosas hacia el mundo musulmán, los españoles eligen europeos. La afinidad histórica y cultural evidente, la dedicación al trabajo, la ausencia de conflictos son otras tantas razones para explicar esta decisión popular. El pueblo español, si ha de elegir inmigrantes para vivir en nuestro suelo, no elige ni africanos y ni siquiera iberoamericanos. Terminada la inmigración ilegal, ha llegado la inmigración europea. A los gobernantes les queda tomar buena nota de esta preferencia nacional, tan coherente con la ampliación oriental de la Unión Europea cuyas excelencias han cantado estos días Johannes Rau y el rey Juan Carlos. El pueblo español actúa como si la ampliación ya se hubiese producido.

Por Pascual Tamburri Bariain, 12 de noviembre de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.