Por Pascual Tamburri Bariain, 10 de diciembre de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.

Un hombre ilustre, durante algunos años eclipsado, dijo hace dos décadas que Montesquieu había muerto en España. No le faltaba razón a Alfonso Guerra, porque la vida de los Estados modernos ha demostrado que la perfecta separación entre los poderes ni es posible ni es siempre deseable. Orientados al bien común, los poderes del Estado deben coordinarse con eficacia y deben someterse a los intereses supremos de la nación y del pueblo. Cosa distinta es que no deban subordinarse a los intereses de partido. Y de eso el PSOE sabe mucho.

El Fiscal General del Estado ha sembrado el desconcierto en las filas de los demócratas con su decisión de no estimar como delictiva la conducta de los parlamentarios nacionalistas en el caso de Batasuna. Como se recordará, el parlamento vasco y las Juntas Generales de Vizcaya no han aplicado las medidas procesales de Garzón y decidieron no disolver los grupos de Batasuna. Para Cardenal, como para los nacionalistas, la aplicación de las medidas judiciales, o no, es susceptible de debate político, y puede no ser aplicada, pese a ser una decisión de los órganos jurisdiccionales.

¿La división de poderes es un principio constitucional en España, hasta el punto de amparar los poderes legislativos conductas delictivas?

El diputado navarro del Grupo Popular, Jaime Ignacio Del Burgo, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, ha instado a Jesús Cardenal a revisar el informe en el que descartó que el parlamento vasco y las Juntas Generales cometiesen delito de desobediencia al juez Garzón. «Creo que el fiscal general debería hacer una segunda lectura de su informe para ver si encuentra nuevos argumentos porque esto, evidentemente y sin engañar a nadie, ha dado alas a quienes quieren vulnerar la ley. Su informe es el mejor regalo que se puede hacer a los batasunos».

Para el diputado de Unión del Pueblo Navarro «las Cámaras no pueden quedar al margen del poder judicial». «Si el juez Garzón ha suspendido las actividades del partido político Batasuna, como consecuencia evidente se debe suspender la actividad política de sus grupos parlamentarios».

El debate está servido. ¿Puede un poder del Estado sustraerse a la aplicación de una decisión judicial, pretextando la división de poderes? Si así fuese, cualquier electo, aunque fuese municipal, podría delinquir o amparar a los delincuentes. Si la división de poderes, en la lectura masoquista que los socialistas antes ignoraron y ahora demencialmente amparan en ciertos foros, fuese un principio absoluto de la democracia española, Eta no podría ser derrotada desde la democracia. Como ciertamente no es así, la madura y vigorosa democracia española, respondiendo al deseo y las necesidades de la gente, ha de desmentir al Fiscal General. Todos los poderes al servicio del pueblo.

Por Pascual Tamburri Bariain, 10 de diciembre de 2002.
Publicado en El Semanal Digital.