Por Pascual Tamburri Bariain, 24 de enero de 2003.
Publicado en El Semanal Digital.

Como estaba anunciado, la reforma de la Política Agraria Común (PAC), anunciada en sus términos definitivos por el comisario Franz Fischler, perjudica radicalmente a España. Puede pensarse que se trata de una reivindicación nacionalista frente al interés común de la Unión, pero, precisamente como se ha defendido desde las páginas de este Semanal, en este tema el interés de España coincide con el interés futuro de Europa. Y esta es la postura que el lunes 27 de enero defiende en Bruselas el ministro Miguel Arias Cañete.

La posición española sobre la reforma no puede variar entre el borrador de diciembre y el texto definitivo de enero, ya que ésta

tendría un impacto muy negativo sobre la economía agraria española. Por una vez, todas las instituciones centrales y autonómicas, todos los gobiernos regionales, los partidos y los sindicatos están de acuerdo: la reforma Fischler es mala para España y para los agricultores y ganaderos españoles. Aunque sea por esta vía tan peregrina, queda demostrada la comunidad nacional de intereses y la necesidad de una política agraria coordinada en toda España.

La propuesta Fischler es totalmente consecuente con una filosofía economicista de cortos plazos. Hay que competir en el mercado global, piensan los burócratas de Bruselas. En consecuencia, hay que renunciar a los cultivos y crías cuyos productos puedan importarse a menor precio desde fuera de Europa. Hay que reducir gastos, piensan los políticos menos avispados. En consecuencia, hay que reducir las subvenciones a los agricultores, a la espera de que la aceleración de las jubilaciones reduzca el número de éstos a un décimo de la cifra actual. Se trata, en definitiva, de racionalizar e industrializar la agricultura y la ganadería, sometiendo al sector a las normas más estrictas posibles.

Esto supone olvidar la historia. Si las subvenciones existen, es para compensar la pérdida de renta que supuso la integración europea para los agricultores, al caer los precios por las importaciones masivas desde dentro y desde fuera de la Unión. Y las subvenciones se explicaron en su momento como una compensación por la regulación absoluta de un sector en el que gracias a Bruselas no cabe la libertad de empresa, ni la ley de la oferta y la demanda sirve más que en caso de bajada de precios.

Y supone también no pensar en el futuro. Una nación, o un conjunto de naciones, deben aguardar el porvenir con sus necesidades básicas garantizadas. Si Europa, por miserias políticas, decide no producir sus alimentos, ¿quién podrá jamás decir que es libre y soberana? Y esto sin entrar en consideraciones ecológicas.

La reforma Fischler no beneficia a ningún país europeo. Todos saldrán perdiendo a medio y largo plazo, aunque esto a los políticos interesa poco. El ministro espera obtener una mayoría de apoyo a su postura con los países que se oponen a la reforma, ya que con una decena de aliados España podría bloquear el proceso de reforma. En todo caso, el ministro Cañete hará bien, en el futuro, en no mostrarse tan satisfecho como él y otros responsables agrarios populares se mostraron hace pocos meses. Porque la reforma era entonces tan mala como es ahora, y todos sus esfuerzos serán pocos para mejorar las cosas.

Por Pascual Tamburri Bariain, 24 de enero de 2003.
Publicado en El Semanal Digital.