Hay que detener la intentona golpista nacionalista

Por Pascual Tamburri Bariain, 9 de junio de 2003.
Publicado en El Semanal Digital.

Tejero volvió contra los representantes del pueblo las armas puestas al servicio del pueblo. Atutxa, Ibarretxe y Arzallus han vuelto contra la democracia los poderes fundados por la democracia.

Imaginemos por un momento una España diferente. Una España en la que algunos poderes al servicio del Estado se hubiesen sublevado contra el ordenamiento constitucional. Una España en la que los medios de algunas instituciones estuviesen actuando contra la legitimidad democrática y contra los fundamentos de la vida pacífica. Esto ya sucedió el 23 de febrero de 1981: se trató de un intento de golpe de Estado involucionista.

En 2003 hay mucho que aprender de lo sucedido hace 22 años. Todos los medios del Estado se emplearon para combatir la rebelión del teniente general Jaime Miláns del Bosch y del teniente coronel Antonio Tejero. Todas las fuerzas políticas y la inmensa mayoría de los españoles, del Rey abajo, estuvieron de acuerdo en defender la legalidad a cualquier precio. El precio de la libertad no pareció entonces demasiado alto.

En 2003 está sucediendo algo parecido. Uniformes aparte, hay instituciones del Estado, creadas por el régimen democrático y subordinadas necesariamente a la Constitución, que conspiran contra ésta. Aliadas con los enemigos armados de la paz y de la libertad, desarrollan un plan explícito de demolición del Estado de Derecho, empezando por el fundamento de éste (la unidad nacional y la soberanía del pueblo español). Así como Tejero volvió contra los representantes del pueblo las armas puestas al servicio del pueblo, así Atutxa, Ibarretxe, Arzallus y todos sus aliados han vuelto contra la democracia los poderes fundados por la democracia.

Si el 24 de febrero se hubiese preguntado a los representantes del Gobierno y de los partidos qué medios legales y militares cabría emplear contra el golpe de Estado, la respuesta habría sido unánime: todos. Cualquier hipótesis de diálogo, de mediación o de solución intermedia habría sido rechazada de plano, porque con la libertad, como con la verdad, no se puede mercadear.

No hay valores civiles superiores a la patria y a la libertad, unidas consustancialmente. Por consiguiente todo habría sido aceptable con tal de impedir una derrota de la España constitucional, y nadie se habría negado a sacrificios institucionales, personales y políticos. Es más: nadie discutió que los responsables de la intentona, una vez derrotada ésta, tenían que responder penalmente de sus actos, y de hecho Armada, Tejero y Miláns fueron condenados a 30 años de prisión, cumpliendo sus penas. Ibarretxe, Atutxa y Arzallus, entre otros, están exáctamente en la misma posición, y España exige la misma determinación.

Por Pascual Tamburri Bariain, 9 de junio de 2003.
Publicado en El Semanal Digital.