Por Pascual Tamburri Bariain, 23 de agosto de 2003.
Publicado en El Semanal Digital.

Tal vez si el PSOE hubiese propuesto la disolución de los Ayuntamientos controlados por Eta sería aceptable su propuesta marbellí. Pero ésta resulta ridícula si se compara con la actitud del mismo partido en Navarra.

Como ha escrito el director de Elsemanaldigital.com, el caso de Marbella es excepcional. La firme y reiterada propuesta de disolver la corporación municipal no tiene precedentes en nuestra democracia, y tiene un evidente matiz de desesperación ante la habilidad maniobrera del ladrillismo, en una de sus desgraciadamente variopintas versiones.

A decir verdad, un Ayuntamiento -para ser exactos, una corporación municipal, es decir, la parte democráticamente elegida del Ayuntamiento- puede ser disuelto. No lo impide la Constitución, y lo prevé el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que atribuye dicha potestad al Consejo de Ministros con un voto favorable, autorizándolo, de la Cámara Alta. Nunca, sin embargo, hasta hoy, se ha llegado tan lejos. Nunca, desde 1978, se ha considerado que un Ayuntamiento haya sido gestionado de manera gravemente dañosa para los intereses generales.

Es evidente, desde luego, que más de un Ayuntamiento ha incumplido desde entonces sus obligaciones institucionales, e incluso las constitucionales. En España, y hay que recordarlo, ha habido Ayuntamientos que han amparado a terroristas, que han guardado sus armas, que se han negado a tallar a los mozos de reemplazo cuando existía el Servicio Militar Obligatorio, que han vejado a las autoridades públicas y que se han negado a responder a escritos redactados en español. Aun hoy, en España, hay Ayuntamientos que dedican dinero público a organizaciones ilegales, que han expedido documentos ilegales como el llamado «DNI vasco» y que actúan en todo y por todo como si España no existiese.

Nunca, sin embargo, se ha disuelto un Ayuntamiento. Tampoco se han disuelto, es verdad, por irregularidades de otro tipo, como las financieras y urbanísticas, incluso cuando esas irregularidades han sido condenadas por los Tribunales, e incluso penalmente. Qué duda cabe que Marbella -y otras corporaciones locales que es preferible no nombrar- son todo menos un ejemplo de gestión democrática. Pero, puestos a disolver Ayuntamientos, sería referible haber empezado por los casos más indiscutibles y menos partidistas, los que afectan al futuro de España como nación y del País Vasco dentro de ella. Tal vez si el PSOE hubiese propuesto la disolución de los Ayuntamientos controlados por Eta sería aceptable su propuesta marbellí. Pero ésta resulta ridícula si se compara con la actitud del mismo partido en Navarra.

Por Pascual Tamburri Bariain, 23 de agosto de 2003.
Publicado en El Semanal Digital.