Por Pascual Tamburri Bariain, 4 de febrero de 2004.
Publicado en El Semanal Digital.

4 de febrero. Es bien sabido, aunque no siempre recordado, que el Partido Popular no logró en 1996 una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Aquella dificilísima situación se solucionó con unos trabajados acuerdos con ciertas fuerzas políticas nacionalistas. CiU y PNV, en aquellos momentos, mostraron un rostro muy diferente al actual, un rostro claramente autonomista, extremadamente autonomista, pero no separatista; a cambio de su apoyo al Gobierno Aznar, obtuvieron muchas concesiones. Lógicamente, el PP tuvo que renunciar a grandes partes de su programa político, y tuvo que aceptar determinadas imposiciones ajenas.

Una de ellas, proveniente del programa de CiU, fue la supresión del Servicio Militar Obligatorio. Era evidente, en 1996, que España necesitaba unos Ejércitos modernos, muy diferentes al resultado de catorce años de gobierno socialista. Eran necesarias unas Fuerzas Armadas modernas y operativas, y el PP deseaba conseguirlas mediante un aumento de gasto, una ampliación de los cuadros, la tropa y la marinería de oficio, y la reducción del Servicio Militar. De hecho, ya desde 1983 Nuevas Generaciones venía optándo por la total profesionalización de las Fuerzas Armadas, pero sabiendo que ésta habría de ser lenta, cuidadosa y costosa. Esto habría garantizado la eficiencia y la habría hecho compatible con la misión nacionalizadora e integradora de la milicia, consagrada en el derecho y deber constitucional de defender España.

Hoy es posible valorar el resultado. A corto plazo, la supresión rápida de la «mili» fue popular, porque ya se había ocupado el PSOE con una legislación demencial de la objeción de conciencia de romper los vínculos históricos entre la juventud y las Fuerzas Armadas. A medio y largo plazo, aunque con el éxito popular de aquella medida, se han ido comprobando algunas consecuencias negativas, tanto de cara a la operatividad militar como en relación con las otras misiones de las Fuerzas Armadas. No se hizo un mal, pero se trató de hacer demasiado deprisa, y sin medios, un bien demasiado complejo de lograr de un día para otro.

Hoy España no está suficientemente bien defendida, y es justo reconocerlo. Hay un cierto divorcio entre la vida del pueblo y la vida de los cuarteles, y eso no puede ser bueno en ningún caso. La reciente regulación de la Reserva Voluntaria admite -¡por fin!- el derecho a defender España. Y en cuanto a la profesionalización ¿estamos seguros de que sesenta mil hombres y mujeres bastan a las necesidades de la Defensa, incluso cuando éstas crecen más rápidamente que el Presupuesto?

Bien está saber que los Ejércitos modernos dependen más de sus medios que de su número de efectivos, pero mejor es recordar que el Ejército más caro, y el más impopular, no es en último extremo el de mayor gasto, sino el que, impotente, lleva a la indefensión frente a los rivales existentes. El Partido Popular siempre lo supo y lo dijo. Hay que aumentar los medios materiales, y también humanos, de unas Fuerzas Armadas que no por profesionales deben ser inferiores a las necesidades futuras del país, ni deben desconectarse de la vida cotidiana del mismo.

Por Pascual Tamburri Bariain, 4 de febrero de 2004.
Publicado en El Semanal Digital.