Por Pascual Tamburri Bariain, 17 de febrero de 2004.
Publicado en El Semanal Digital.

Razones europeas, imperativos económicos y una situación social en equilibrio inestable hacen de la agricultura un riesgo y una oportunidad para España. Quien gobierne debe recordarlo.

17 de febrero. El Partido Popular ha presentado sus propuestas electorales para el sector primario. El PSOE también ha comenzado a anunciar las grandes líneas de su oferta para agricultores, al hilo de la precampaña. Muchos no se explican por qué los grandes partidos dedican tantas atenciones a un sector social en clara regresión demográfica, y por consiguiente electoral. Sin embargo, aparte de evidentes consideraciones de interés general que obligan a esa atención, la agricultura va a ser un tema decisivo de la próxima legislatura.

Hay buenas razones para que así sea: razones europeas, por una parte; imperativos económicos, por otra; y una situación social en equilibrio inestable, de la que al menos el PP sí demuestra ser consciente.

El reglamento de la Comisión Europea del pasado 27 de enero sobre la protección de las denominaciones de origen agroalimentarias es una muestra más de qué vientos soplan en Europa para la agricultura más competitiva y envidiada. Con la excusa de favorecer la apertura de las fronteras al comercio se está intentando desde Bruselas desarmar las denominaciones de origen, buscando una homogeneización internacional de los alimentos. Pero, como ha dicho en sintonía con España el ministro italiano de agricultura Gianni Alemanno, este tipo de medidas no favorecen ni a los agricultores de los países subdesarrollados, ni por supuesto a los nuestros, ni tampoco a los consumidores: sólo a unos pocos grandes grupos mundiales de distribución, que se enfrentan directamente con los intereses de los Estados nacionales.

Europa, como se puede ver en el programa del PP, plantea un segundo problema. La ampliación al Este colocará a España como contribuyente neto a la UE, con gran repercusión en fondos regionales y estructurales. Pero también la Política Agraria se verá muy afectada, y las subvenciones con las que se compró el desarme de la agricultura española van a ir desapareciendo. Se trata de preparar un futuro europeo diferente, ya que no conviene a España que la modulación de la PAC penalice a los verdaderos creadores de riqueza agrícola, los agricultores profesionales y los pequeños y medianos empresarios del sector, y favorezca a los meros preceptores de ayudas.

Económicamente y socialmente, en fin, España afronta el doble reto de la competencia mundial y de la supervivencia agrícola en Europa. Es, ciertamente, un riesgo, pero también una oportunidad. Si España apuesta por su propia agricultura, por sus producciones tradicionales de calidad y por las innovaciones que sean compatibles con ellas, el sector ofrece ventajas comparativas sobre una Europa que crece hacia tierras que no compiten con nosotros. No sólo en grandes cifras, sino incluso en términos demográficos, hay una gran oportunidad para el campo español en la próxima década. La miopía económica impediría aprovecharla; ha de haber una política agrícola a largo plazo que lo haga posible.

Por Pascual Tamburri Bariain, 17 de febrero de 2004.
Publicado en El Semanal Digital.