Por Pascual Tamburri Bariain, 9 de marzo de 2004.
Publicado en El Semanal Digital.

Lo único seguro es que un etarrano puede circular libremente por las calles, y que los logros de la lucha antiterrorista no pueden ponerse en riesgo por un garantismo inmerecido.

9 de marzo. Guillermo Ruiz Polanco, un magistrado de carrera destinado en la Audiencia Nacional, se ha convertido en figura pública. Haberlo logrado en tiempos de campaña electoral y sin participar en la misma tiene un mérito indudable. Haberlo hecho con una decisión polémica en un tema que no debe serlo en ningún caso es muy de lamentar.

Las excarcelaciones fáciles preocupan a la sociedad española. Cualquier sociedad tiene un legítimo derecho a sentirse amenazada si sus más peligrosos y temidos delincuentes pueden quedar en libertad sólo por una torpeza procesal del magistrado encargado, sea cual sea la razón de dicha torpeza. Y esa preocupación pone en discusión tanto la manera en la que se lleva a cabo la lucha contra el terrorismo desde los tribunales como la independencia del poder judicial en su conjunto.

Alguien dijo, en otra fase de su carrera política y en medio de bastantes necedades de pretendido calado cultural, que Montesquieu había muerto. Y, por lo que se refiere a nuestra Constitución, la afirmación es muy cierta: los poderes del Estado no son totalmente independientes ni están rígidamente incomunicados sino que, como no podía ser menos, están obligados a colaborar por el bien de la nación y por el bienestar del pueblo, único soberano. Ni Ruiz Polanco ni nadie puede escudarse en su autonomía para equivocarse, tanto menos si el error es grave y preocupante.

Los etarras no son criminales normales, porque son enemigos directos de la seguridad del Estado y de la paz pública. Por eso, y por las circunstancias en las que actúa el nacionalismo armado, son juzgados por la Audiencia Nacional. Si ésta no demuestra la eficacia que se le supone, o si se convierte en escenario de indeseables estrellatos personales -en unos jueces que, en definitiva, son funcionarios del Estado- habrá de revisarse sin miedos la cuestión.

La única cosa segura es que un Ayensa no puede circular libremente por las calles de España, y que los logros de la lucha antiterrorista no pueden ponerse en riesgo ni por un garantismo inmerecido, ni por una mala comprensión de nuestra realidad constitucional. Tampoco por olvidar que la libertad de la comunidad popular española está por encima de las libertades de sus enemigos.

Por Pascual Tamburri Bariain, 9 de marzo de 2004.
Publicado en El Semanal Digital.