Por Pascual Tamburri Bariain, 3 de junio de 2004.
Publicado en Razón Española.

Desde 1978, y en realidad desde el inicio de la transición a la democracia, el debate político en Navarra ha tenido un argumento fundamental, sobre el que el resto de asuntos ha ido pasando sin llegar a ocultarlo jamás. Una parte de los navarros y de sus representantes políticos desea la desaparición de Navarra como Comunidad y su incorporación a una de las vecinas, el País Vasco. Otra parte, siempre abrumadoramente mayoritaria, ha rechazado sin fisuras esa posibilidad.

Si los hechos fuesen sólo estos, el caso no tendría mayor gravedad. Al fin y al cabo, tanto la Constitución como las leyes anteriores habían previsto unos mecanismos ordinarios para variar los límites entre las provincias y entre las regiones; y a nadie se oculta, por ejemplo, que algunos extremos del mapa autonómico de la Transición serán debatidos de nuevo antes o después, con la calma que antes no existió. Que las provincias de Santander y de Logroño estén separadas de Castilla responde a circunstancias muy concretas de un momento político, el mismo en el que surgió de la nada Madrid como región en medio de una Castilla la Nueva a la que se compensó con Albacete, Reino de Murcia durante siglos.

De todo esto puede hablarse, dentro de la normalidad democrática, y teniendo siempre presente el principio de igualdad y de equidad que deben guiar las relaciones entre los españoles. De hecho, tales principios, y la posibilidad de toda reorganización razonable que respete la libertad de los ciudadanos, las tradiciones históricas y la unidad esencial de una nación que existe con más antigüedad y dignidad que cualquiera de sus actuales regiones, son premisas más que milenarias de la vida española.

En el caso navarro se ha planteado en las últimas décadas una ruptura de esas premisas y de esa unidad. En la negociación que llevó al actual texto constitucional hubo una amplia voluntad de consenso, de crear un marco aceptable para todos o casi todos. Y una comprensión débil, desequilibrada y acobardada de la idea de consenso ¬que llevada a su extremo es antidemocrática, porque excluye las alternativas y la alternancia¬ se puso en cuestión el destino de Navarra.

En efecto, el gran miedo de la Transición hace tres décadas fue la ruptura. Y en el ánimo de algunos de los defensores de la disposición transitoria cuarta, en aquel entonces, estuvo evitar tal ruptura. ¿Cómo? Creando un camino legal, aunque de discutible legitimidad, para que el nacionalismo vasco apoyase la instauración constitucional, haciendo viable la anexión de Navarra. En determinados foros preocupaba más una negativa del nacionalismo vasco ¬armado o desarmado¬ que la voluntad de los navarros, ya entonces evidente, o que los derechos de éstos en el seno de la comunidad nacional española.

La disposición transitoria que afecta a Navarra fue un prodigio de equilibrios imposibles, entre el deseo casi servil de contentar a unos ¬los nacionalistas¬ y la necesidad, evidente en las calles y en las urnas, de no abusar de la paciencia de otros ¬los navarros¬.

Y entre tanto equilibrio, la disposición transitoria fracasó en su propósito esencial, ya que ni el nacionalismo vasco apoyó la Constitución ¬porque era y es radicalmente antiespañol e independentista, en todas sus ramas y variantes- ni se consiguió evitar el malestar del pueblo navarro.

Un pueblo, el navarro, por lo demás muy acostumbrado desde su eclosión en la Edad Media a defender por todos los medios su libertad y su identidad foral y española.

Terminada ya la transición, y abierta de nuevo para bien o para mal la posibilidad de reformas constitucionales, ha regresado a Navarra el debate sobre la disposición transitoria y su contenido. Y el debate no es estéril, porque si bien el debate sobre las reformas se ha abierto a instancias de fuerzas que se dicen ajenas a la nación española, a la que odian, no es menos cierto que será el pueblo español quien deba decidir. Y los navarros dentro de ese pueblo, al que pertenecen orgánicamente desde su albor histórico.

La disposición transitoria es, tanto por su nombre como por su propio origen, algo pasajero y caduco. Se trató de una componenda fallida que trató de satisfacer a algunos a costa de la justicia debida a los navarros. Si se reforma la Constitución, nada más lógico que devolver a Navarra la plena libertad que nunca debió perder, eliminando una hipoteca que los navarros no solicitaron y que sólo sirve para que siga cultivándose el ensueño subversivo de romper la unidad de España.

Eliminar de la Constitución la Transitoria no quita a nadie nada que le corresponda legítimamente. Navarra, con su régimen foral actualizado, quedará como es: una Comunidad Foral nacida de España y partícipe de España desde el pasado hacia el futuro. Eliminar la Transitoria no crea tensiones o fracturas fuera de los ambientes donde se cultivan con gusto las rupturas.

Suprimir la Transitoria devolverá a los navarros, dentro del hecho inmutable en los siglos y en los milenios de que Navarra es España, su plena libertad de actuar, hermanada con todas las regiones que le son vecinas y con las que no lo son. Dentro de esas premisas, Navarra podrá marchar libremente con quien quiera y como quiera, pero sin servir de moneda de cambio para ninguna maniobra oscura a espaldas del pueblo.

Por Pascual Tamburri Bariain, 3 de junio de 2004.
Publicado en Razón Española.