Por Pascual Tamburri, 23 de agosto de 2004.

Los políticos se clasifican en dos categorías: los que piensan en el futuro del pueblo y se exponen a su cólera y los que piensan en sus intereses y gobiernan a golpe de encuesta.

España es una democracia. La voluntad del pueblo es ley; más que ley, es el fundamento de todo poder, de toda legitimidad y de la soberanía misma. En realidad, es la expresión moderna y democrática de una vieja realidad de nuestra tradición clásica y de su lectura cristiana: gobierne quien gobierne, y se elija como se elija el gobernante, todo poder procede del pueblo. Y los tomistas añadirían que, a través del pueblo, procede de Dios.

La cuestión política es cómo llega esa voluntad a expresarse y a aplicarse. Muchas son las formas establecidas, y muchas más aún las posibles. Algunas tienen incluso en cuenta el hecho capital de que las naciones no están compuestas por individuos uniformes, y la realidad histórica de que una nación no está formada sólo por quienes la constituyen en un momento dado, sino por una sucesión de padres a hijos entre quienes la constituyeron y la constituirán. En cualquier caso, hoy España tiene unos cauces razonablemente operativos aunque sin duda perfectibles para esto.

En marzo de 2004 España cambió de Gobierno con una opinión pública fuertemente condicionada por un hecho de política interior -un atentado terrorista sin precedentes- que muchos relacionaron con la política exterior que el país había llevado durante los últimos tiempos. De esta manera, la opinión popular juzgó y valoró por sus resultados aparentes una orientación diplomática y militar que pocos conocían y que muy pocos comprendían. Se abrieron a continuación dos debates del máximo interés: uno, sobre la necesidad de comunicar eficazmente al pueblo las grandes líneas políticas, para evitar manipulaciones interesadas y malas comprensiones; otro, sobre la posibilidad en democracia de aplicar políticas impopulares.

El primer debate dista mucho de haber concluido, pero prosigue, apasionado. El segundo debe abrirse de inmediato, pensando tanto en la gestión de José María Aznar como en la de José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre esto, los hechos son indiscutibles. La intervención española en la gestión del problema iraquí, la alianza estrecha con Estados Unidos y la presencia de nuestras tropas en Mesopotamia no fueron masivamente populares. Conviene recordar, sin embargo, que diez millones de españoles votaron al Partido Popular en aquellas condiciones, así que, si de impopularidad se trató, fue una impopularidad bastante moderada. De las encuestas, en política, es mejor no hablar.

Pero la cuestión es más compleja. Una gran parte de la opinión pública creyó, porque una gran parte de los medios de comunicación sostuvo y muchos partidos defendieron, que la política de Aznar no convenía a los intereses del pueblo español, que la presencia militar en Irak determinó los atentados musulmanes de Madrid; del mismo modo, es una opinión ampliamente difundida hoy que los precios del petróleo dependen de la situación iraquí y en concreto de la política del PP. Pero, ciñéndonos a los hechos, ninguna de las tres cosas es cierta.

Buscando un contrapeso europeo y americano a la prepotencia del eje París-Berlín, Aznar defendía los intereses es de España. La derrota electoral del PP y su torpeza en las formas frustra aquellas expectativas, incluyendo algunas de incalculable importancia, pero nadie puede defender seriamente que es conveniente la posición de absoluta sumisión a los intereses francoalemanes adornados de europeísmo hipócrita.

El atentado islamista de Madrid fue planeado mucho antes de iniciarse la guerra en Irak, como demuestra la investigación. En consecuencia, la política española nada tuvo que ver en él, y España fue agredida por ser europea, occidental y cristiana, es decir, ajena e inmune al integrismo islámico.

Por último, pero no menos importante, el precio del petróleo no depende de la situación iraquí, ni desde luego de la voluntad de Aznar o de Rajoy. Las leyes no prohíben que se crea lo contrario, pero los hechos están ahí: la producción de Irak antes de la guerra prácticamente no llegaba al mercado internacional, con lo cual la falta en el mercado de ese crudo malamente puede repercutir en los precios.

Pero la cuestión última es muy otra: incluso si se tiene una buena política de comunicación, y especialmente si no se tiene, es posible que un Gobierno legítimo tenga que aplicar en democracia políticas que no sean comprendidas por muchos ciudadanos, incluso por la mayor parte de los mismos. Debe intentarse evitar el caso, pero, cuando llega, los políticos se clasifican en dos categorías incompatibles: los que piensan en el futuro del pueblo y se exponen a su cólera, y los que piensan en sus propios intereses y gobiernan a golpe de encuesta.

Pascual Tamburri
El Diario Exterior, 23 de agosto de 2004.
https://www.eldiarioexterior.com/la-voz-de-la-calle-1569.htm