Por Pascual Tamburri Bariain, 28 de septiembre de 2004.
Publicado en El Semanal Digital.

Una «ley de plazos», que permita el aborto sin causa, es contraria a la Constitución. Ya el reglamento de la Ley vigente permite un fraude al espíritu de la misma. Para solucionar el problema real, hay que cambiar el reglamento y no la Ley.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prepara una ley de aborto libre para las primeras semanas de embarazo. El borrador de la Ley, cuya presentación parece inminente salvo que una vez más se trate de un sondeo con marcha atrás, se incluye en la ofensiva de la izquierda para imponer sus valores en la sociedad española, a pesar de representar sólo una minoría dentro de la misma. Es, una vez más, una cortina de humo para ocultar los fracasos del Gobierno frente a los problemas reales de los españoles: la economía, el aislamiento internacional, la inmigración sin control.

Es al menos contradictorio llamar Ley de Salud Sexual y Reproductiva a un esquema que atenta por igual contra la conciencia de la mayoría, contra los principios jurídicos universalmente aceptados y contra los intereses concretos de los ciudadanos. La secretaria de Igualdad del PSOE, Maria Isabel Montaño, ha reconocido públicamente que se tratará de una «ley de plazos», que permitirá el aborto sin causa hasta el tercer mes de embarazo. Es la eterna petición de los marxistas, pero es también una aceptación anticipada de su propio fracaso.

En efecto, España ya tiene una regulación del aborto, hecha también por el PSOE. En nuestras leyes penales, el aborto es un mal, y un delito punible. Aunque no se recuerde, sigue siéndolo, y el Tribunal Constitucional ha afirmado claramente que la vida humana es un bien jurídico protegido desde la concepción. Cosa diferente es que en tres supuestos concretos -violación, malformación del feto, peligro para la salud de la madre- ese bien jurídico se someta a otros considerados superiores. Por eso la Ley vigente es de despenalización parcial del aborto, que sigue siendo un crimen.

Posiblemente el jurista Zapatero, menos brillante que su ministro de Justicia -que negó que se fuese a presentar de inmediato este proyecto-, no sepa nada de todo esto. Pero las cosas están así. Y, en consecuencia, una «ley de plazos», que permita el aborto sin más causa que la voluntad de la madre, es contraria a la Constitución, aparte de aberrante por otros conceptos.

El problema -el problema real, el que Zapatero calla y sus colaboradoras ignoran- es diferente. Se ha hecho mal uso de la Ley vigente, con malicia cuando gobernó Felipe González y con cierta cobardía cuando ha gobernado el PP. El 97% de los abortos que se practican en España (casi 80.000 en 2002) se acogen al tercer supuesto, y el peligro para la salud de la madre no se constata objetivamente, sino que basta un certificado médico para atestiguarlo. Un documento que de hecho extiende la misma clínica abortista. El reglamento de la Ley vigente permite un fraude al espíritu de la misma y a la propia Constitución. Si se desea una reforma que ataque un problema real, y no los habituales molinos de viento zapateriles, lo que hace falta es empezar por un reglamento serio y garantista, no una nueva lección de demagogia.

Por Pascual Tamburri Bariain, 28 de septiembre de 2004.
Publicado en El Semanal Digital.