Oro, incienso y documentos para el vasallaje de Zapatero

Por Pascual Tamburri Bariain, 27 de diciembre de 2004.
Publicado en El Semanal Digital.

La semana que viene celebraremos la fiesta de Reyes. De una manera simbólica, el Niño recibe los tributos de sumisión del mundo; es lo que en la Edad Media se habría llamado vasallaje. Y el oro, el incienso y la mirra son, aún hoy, aun en estos tiempos de extraños laicismos, la culminación de todos los regalos y de todas las entregas devotas.

Ya, la mirra. Bueno, a finales de 2004 hay que mirar el diccionario para saber qué es la mirra. No usamos habitualmente esa gomorresina aromática, ni como licor ni como bálsamo; no es hoy una de las esencias más preciadas de nuestro mundo, o al menos no de las más conocidas. Y si hoy hubiese de rendirse pleitesía al Niño Dios, los reyes de nuestro mundo no recurrirían a la mirra, seguramente.

Tal vez por eso, sólo tal vez, el presidente Rodríguez Zapatero -que sabe muy bien qué es el oro y qué es el incienso, pues está rodeado de ambos- recurre a esencias diferentes de la mirra cuando tiene que postrarse ante quien realmente gobierna España. Porque Zapatero preside, es cierto, pero no gobierna más que en calidad de vasallo; otros son los señores de España, a quienes él debe auxilium y consilium tras haber recibido de ellos la potestad de gobernar, pero no la autoridad, que sigue firmemente en otras manos.

Oro e incienso, por supuesto. Pero en el vasallaje de Zapatero la mirra ha sido sustituida por los documentos.

El nacionalismo catalán gobierna España. Las tres vertientes de este curioso separatismo regional -la burguesa de Artur Mas, la republicana de Pérez Carod y la socialista travestida de Pasqual Maragall- tiene en sus manos otorgar o quitar el poder a Zapatero. Y éste ha rendido homenaje a quien tiene la autoridad. Entrega el oro, con cargo a los presupuestos; rodea de incienso a los poderosos. Y ha llegado el momento de la mirra, de los documentos.

El contenido de los documentos que el nacionalismo catalán reclama es bien conocido, nada secreto. Esos documentos, sin lugar a dudas, son propiedad del Estado, son un bien protegido por las Leyes vigentes de patrimonio histórico, y su transmisión es un acto político, no un deber jurídico sino más bien todo lo contrario. Científicamente y administrativamente no hay ninguna duda de que romper la unidad del Archivo de Salamanca es un absurdo peor aún a que cada país hispanoamericano reclamase “su parte” del Archivo de Indias.

Cierto es que no han faltado ilustres cipayos apesebrados para dar una apariencia de legitimidad a la decisión. Políticamente, puede ser inevitable hoy. Para los españoles de mañana es un precedente desastroso y una traición que tendrá sus consecuencias.

Por Pascual Tamburri Bariain, 27 de diciembre de 2004.
Publicado en El Semanal Digital.