Por Pascual Tamburri Bariain, 25 de enero de 2005.
Publicado en El Semanal Digital.

Sandra Palo fue hasta 2003 una joven de Getafe como muchas otras, con su familia y su vida. Pero murió víctima de una brutal agresión el 17 de mayo, violada, atropellada y quemada viva. Su cadáver fue hallado en la carretera de Toledo a la altura de Leganés. La escena fue repugnante. La familia quedó destrozada. Los culpables son conocidos. Pero no se ha hecho justicia.

Un horrendo crimen cometido por menores ha abierto un debate social. España no puede renunciar a imponer la Ley en todos los niveles de la sociedad, incluyendo la juventud. Es preciso garantizar el orden público y la defensa de la libertad y la vida de la gente.

En cualquier otro caso, o en cualquier otro país, entregados a la justicia, a los autores se les habrían aplicado unas normas penales justas pero rigurosas, destinadas a reeducarles, pero también a compensar el dolor de las víctimas y dar seguridad a la sociedad española. No en este caso, ni en otros como él.

Sucede que dos de los tres culpables son menores de edad, y que el tercero acusa a los menores de ser los autores materiales. Un buen abogado defensor ha decidido que sea así: los beneficios penales que la normativa vigente otorga a los menores de edad son exorbitantes. En la práctica, sea cual sea la gravedad del delito, la madurez del autor, la importancia social del hecho y su posibilidad real de reeducación, un menor delincuente será libre en su primera juventud, sin haber pisado jamás una cárcel.

Cunde en España una sensación de impunidad. Si los familiares de Sandra Palo han reunido más de un millón de firmas a favor de modificar la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores es porque los españoles no están a gusto ni con esa Ley ni con el uso que se hace de ella. Una Ley injusta no es, en nuestra tradición, más que un error digno de rápida enmienda.

«El Ramoncín», «El Ramón» y «Pumuki» hicieron con Sandra Palo algo que nadie desea para ellos. Ha terminado la idea de Justicia como vindicta publica. Pero España no puede renunciar a imponer la Ley en todos los niveles de la sociedad, incluyendo la juventud, y recordando a demás a los cientos de miles de menores extranjeros que viven entre nosotros al borde mismo de la legalidad. Es preciso garantizar el orden público y la defensa de la libertad y la vida de la gente, porque en caso contrario el Estado perdería su legitimidad.

El PP ha planteado el agravamiento de las penas por los delitos más graves, revisar el plazo de reclusión provisional, el internamiento en centros penitenciarios cuando cumplan la mayoría de edad, y favorecer la reeducación de los menores clasificándolos por su peligrosidad social. No es un retorno a tiempos pasados, sino un mínimo de convivencia. En caso contrario, ¿en qué calles podrán jugar los hijos de los que se muestran tan garantistas en este asunto?

Por Pascual Tamburri Bariain, 25 de enero de 2005.
Publicado en El Semanal Digital.