Por Pascual Tamburri Bariain, 1 de junio de 2005.
Publicado en El Semanal Digital.

Hoy jueves, 2 de junio, los sindicatos de docentes de mi Comunidad han convocado algo parecido a una huelga. Todos las organizaciones de trabajadores, sin excepción, llaman a los profesores (como dirían algunos de ellos «y profesoras») a movilizarse en defensa de la enseñanza pública. Yo soy uno de los llamados, pero si la cosa merece una reflexión no es por razones personales sino por un debate público que está subiendo de tono.

Desde el siglo XIX el Estado -hoy, en la forma descentralizada de las autonomías- asumió la regulación de todo el sistema académico. Y emprendió, además, la construcción de una red pública de instituciones de enseñanza. Las dos cosas, por cierto, no van necesariamente unidas, porque la enseñanza puede ser «pública» -es decir, respetar normas, fines, ritmos y contenidos definidos como de interés general- sin necesariamente ser gestionada directamente por la Administración.

Confundir la enseñanza «pública» con una enseñanza de peor calidad o de más limitados medios es un error lamentable. Sólo desde ciertos prejuicios burgueses pueden despreciarse así los Colegios e Institutos del Estado. Pero igualmente lamentables son los prejuicios opuestos, en el fondo derivados de un complejo de inferioridad mal curado: quien se sienta ofendido por la existencia de una enseñanza «privada» de calidad debe sinceramente decir si teme la libertad o si se asusta ante las comparaciones.

La «enseñanza pública» se defiende, ante todo, recordando que toda la enseñanza es pública. Soy funcionario por oposición de un Cuerpo docente «público». Y veo que, desde determinados prejuicios ideológicos, se incurre en el doble error de confundir la defensa de la red pública con el menosprecio de la privada y de suponer que un sistema educativo es de más calidad cuanto más dinero se gaste en él.

La experiencia indica que no es así. No es un problema de gasto, sino de libertad. No es un problema de postergación de lo público, sino de falta de iniciativa.

Los Centros, públicos o privados, deben ser puestos en condiciones de ofrecer a la sociedad lo que ésta necesita y demanda. Favorecer la uniformidad es costoso y totalitario, además de castrante. Si cada Centro -prescindiendo de su titularidad- pudiese definir libremente su proyecto educativo, y si cada familia -prescindiendo de su renta- pudiese elegir con plena libertad entre los Centros se lograría el triple objetivo de una enseñanza de más calidad, más libre y menos costosa.

Este objetivo está muy lejos de nuestra actual situación. Para caminar hacia él hay pasos difíciles de dar. Como la reasunción por las familias, o por quien las sustituya, de la responsabilidad última en la educación de los hijos. Como la supresión del clima asambleario, falsamente democrático y genuinamente soviético o anarquista de tantos Claustros de centros públicos donde falta un ideario y se ha privado a la dirección de autoridad. Como la organización financiera mediante el cheque escolar. Y podríamos seguir.

He ahí buenas reivindicaciones. Pero ni siquiera ésas, sinceramente, queridos compañeros que no os atrevéis a compartirlas abiertamente, me bastan para hacer huelga hoy.

Por Pascual Tamburri Bariain, 1 de junio de 2005.
Publicado en El Semanal Digital.