Por Pascual Tamburri Bariain, 9 de octubre de 2005.
Publicado en El Semanal Digital.

Navarra tiene, además de su identidad histórica, una imagen muy asentada en el resto de España. No estoy seguro de que la impresión positiva que se han llevado y difunden mis amigos José Javier Esparza y Javier Ruiz Portella («Navarra: un mundo aparte») sea siempre y totalmente válida, pero lo cierto es que Navarra y los navarros tenemos buena prensa, y no es cosa de ahora.

A lo largo de los siglos, desde la eclosión del reino de Pamplona en el siglo X, e ininterrumpidamente antes y después de 1512, nuestra región ha sabido habitualmente hacer compatibles una personalidad fuerte y un Derecho propio con una percepción favorable de esa realidad en el resto de España. Y así se ha logrado, entre otras cosas, la excepcional vigencia del ordenamiento foral.

No es algo que los navarros de a pie solamos recordar a menudo, pero hay que pensar en términos comparativos. Desde las revoluciones liberales España ha tenido una decena de ordenamientos constitucionales diferentes, con la consiguiente inestabilidad política, social y económica. Mientras tanto, y desde la Ley de 1841, Navarra conservó su autonomía foral, nacida de la unidad nacional y encuadrada cómodamente en esa soberanía, pero sin someterse a los vaivenes constitucionales. De hecho, hasta la entrada en vigor del Amejoramiento Navarra siguió disfrutando de esa autonomía, ampliada ahora.

Se habla ahora de un cambio constitucional en España. De hecho, ya el programa electoral del inesperado vencedor del 14 de marzo de 2004 preveía una reforma limitada, de la que se ha dejado de hablar. Por una parte, en la coyuntura terrorista y nacionalista, esa reforma de la Carta Magna era cuando menos imprudente, pues suponía abrir la caja de Pandora sin saber los resultados; por otra, aunque tarde, el presidente Zapatero se dio cuenta de que legalmente esa reforma no podía hacerse sin los votos del Grupo Popular.

Tal vez por eso los aliados del PSOE y la parte de ese partido que rodea a Zapatero hayan dado por buena una reforma constitucional ilegal e ilegítima, como es el proyecto de Estatuto aprobado -con los votos unánimes del PSOE catalán- en Barcelona. No se trata sólo de que ese proyecto de Ley Orgánica rebase en el fondo y en la forma la máxima autonomía prevista en la Constitución vigente; la cuestión más grave es que esa coalición -la misma que gobierna en Madrid, no se olvide- reforma allí aspectos esenciales del ordenamiento general español, como es la igualdad de los ciudadanos, los derechos de éstos y el mismo concepto de nación -afirmado de Cataluña y por ende negado de la «patria común e indivisible»-.

Jiménez de Parga, ex presidente del Tribunal Constitucional, ha explicado que este intento de reforma constitucional «por el flanco» es más bien anticonstitucional que inconstitucional; dicho de otra manera, en términos de Carl Schmitt, se trata de un cambio de Constitución, con una nueva legitimidad, y no de un simple cambio «en la Constitución». Es una voluntad revolucionaria de alterar radicalmente el marco de convivencia. Si se acepta la capacidad constituyente del Parlamento regional catalán, todo se pone en discusión de nuevo, porque el alabado pacto constitucional de 1978 habrá dejado de tener valor.

¿Realmente estamos dispuestos a correr ese riesgo? Creo que una gran mayoría de españoles, por convicción o por interés, no quieren hoy semejante cosa. No es algo que pueda dejar indiferente a nadie, ni siquiera, como ha recalcado Mariano Rajoy, a las más altas Magistraturas del Estado. Tampoco puede dejar indiferentes a los navarros.

En las restantes regiones de España la situación es grave desde el punto de vista jurídico. La autonomía regional nace de la Constitución, está definida por ella y depende de ella; a su vez la Constitución se fundamenta en la existencia, soberana y única, de la nación española. Así que, sin nación soberana, deja de haber Constitución válida y deja de haber autonomías. Es un resultado enloquecido de una política miope y alicorta. ¿De verdad queremos encontrarnos en esa postura?

Cada uno sabrá qué contestar. Como navarros, sin embargo, nuestra respuesta ha de ser otra, a la luz de la foralidad vigente; que no es sólo el Amejoramiento, por cierto, sino toda la foralidad anterior, con las Leyes de 1839 y 1841 expresamente mantenidas en vigor. La autonomía foral de navarra se enmarca en la Constitución, pero no nace de ella; en el fondo y en la forma es anterior a la Constitución y su origen y límite es, en la historia, «la unidad constitucional». La cuestión para Navarra es simplemente cómo conservar su identidad si otros fuerzan un nuevo cambio constitucional, al que por convicción y lealtad habremos de oponernos. Tal vez no hayamos hecho otra cosa desde que «España se perdió hasta los puertos» y empezó esta magnífica aventura histórica a la que llamamos Navarra, y que nuestros amigos envidian como «un mundo aparte».

Por Pascual Tamburri Bariain, 9 de octubre de 2005.
Publicado en El Semanal Digital.