Por Pascual Tamburri Bariain, 26 de octubre de 2005.
Publicado en El Semanal Digital.
Ustedes dirán que es cosa de locos, y que no tiene sentido, en España en 2005, discutir la existencia de la propiedad privada. Algunos de ustedes recordarán que ese derecho fundamenta toda nuestra tradición jurídica, y que en último extremo está recogido en el Código Civil de 1889. Y alguno habrá de quienes leen y escuchan que se acuerde del artículo 33 de la Constitución vigente, donde se reiteró aquello de «se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia».
Si se sorprenden de que esto se discuta aquí y ahora, estén tranquilos: comparte su sorpresa el ministro de Economía, Pedro Solbes, que duda que María Antonia Trujillo, ministra de Vivienda, pueda plantear la expropiación de los inmuebles vacíos entre sus medidas para solucionar los problemas que le competen. Lo duda, atención, pero no lo sabe con certeza. Porque en el Gobierno cada uno hace lo que quiere, o eso parece, y gráficamente Mariano Rajoy ha dicho lo que muchos piensan: «A alguien le falta un tornillo en este Gobierno». Cosa de locos.
Locos o cuerdos, la sugerencia está en el debate político: ¿puede considerarse hoy una función social incumplida que un propietario decida no ocupar una casa? De aceptarse los planteamientos de Trujillo, estaríamos ante una estatización de la propiedad inmobiliaria, sometida al arbitrio del Gobierno. Si el PSOE considera que una vivienda está mal utilizada, podría ser requisada, bien bajo forma de alquiler forzoso y tasado, bien a través de una expropiación.
¿Locos? Tal vez, pero es una locura congénita de los socialistas del PSOE y de los comunistas de Izquierda Unida. Limitar y anular la propiedad privada lleva, como es sabido, al estancamiento económico y al fin de las iniciativas empresariales; pero eso, que para los españoles normales es un mal, para los ideólogos marxistas es una meta. Los regímenes socialistas estatalizaron la vivienda, liquidando la propiedad, en Rusia y en sus países satélites, y aún hoy es así en Cuba. La misma Cuba de la que somos aliados privilegiados, por cierto.
La solución no es menos libertad, sino más. Si hay un problema de precio de la vivienda será porque, a pesar de sus elevados precios -los pisos cuestan más con Zapatero que con Aznar- los españoles quieren invertir en viviendas sus ahorros. Y el problema del precio excesivo se soluciona con menos intervención pública, con libertad en el suelo, con Ayuntamientos que no dependan de las dádivas urbanísticas y que no pretendan coartar la libertad de sus vecinos. Porque no se trata de la libertad de los propietarios, sino de la de todos los españoles, en este país que lleva cincuenta años siendo una inmensa clase media. Con piso en propiedad, no como en Cuba.
Por Pascual Tamburri Bariain, 26 de octubre de 2005.
Publicado en El Semanal Digital.