Por Pascual Tamburri Bariain, 1 de noviembre de 2005.
Publicado en El Semanal Digital.

Zapatero quiso emplear la cuestión sucesoria para hacer su «segunda Transición». El calendario le ha derrotado, Rajoy ha ofrecido consenso y esto llevará a unas elecciones … no se sabe cuándo.

El nacimiento de la infanta doña Leonor, además de alegrar los ánimos en un país preocupado por el Estatuto catalán del presidente de la Generalitat Pasqual Maragall y del líder de ERC Josep-Lluís Carod-Rovira, hace inevitable el debate sobre una reforma constitucional. Una verdadera reforma constitucional, se entiende, y no un cambio «por la puerta trasera» como el que hoy va a denunciar el presidente del PP Mariano Rajoy en el pleno del Congreso de los diputados frente al presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Precisamente Zapatero inició con la cuestión sucesoria sus tanteos de cambio en la Constitución de 1978. El texto pactado y consensuado en la Transición recogía en el Título II «De la Corona» la norma tradicional española sobre la sucesión regia, estableciendo que se heredará de padres a hijos, prefiriendo la línea más cercana a la más lejana, y el varón a la mujer. Fue, sencillamente, volver a poner por escrito en el artículo 57.1. lo que había sido norma de todas nuestras monarquías medievales, sancionada por Alfonso X «El Sabio» en las Siete Partidas y respetada incluso por Francisco Franco en sus Leyes Fundamentales.

No es una cuestión histórica, lo ha recordado de modo muy claro un monárquico tan ilustrado como Sabino Fernández Campo; cuando Felipe V, el primer Borbón,, cambió la ley sucesoria para adoptar la Ley Sálica francesa, y después su nieto Carlos IV volvió de modo incompleto a la norma tradicional en la Pragmática Sanción de 1789 la consecuencia fue la ruptura de la Familia Real y una serie de guerras civiles. Si la norma no hubiese vuelto a cambiar habrían sido Reyes los «pretendientes» carlistas y hoy lo sería -ahí es nada- don Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú, duque de Anjou. Ni el actual el jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, ni su predecesor Fernando Almansa, vizconde del Castillo de Almansa, que han visitado ya a la niña, se han pronunciado en público al respecto.

Zapatero abrió el melón

Ninguno de los presidentes de nuestra democracia, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González y José María Aznar, había reparado en la contradicción entre la igualdad entre hombre y mujer consagrada en el artículo 14 de la Constitución y la norma sucesoria en vigor. Todos ellos, y sus respectivos partidos -algunos de ellos tan poco monárquicos como el PSOE-, entendieron que la monarquía era en sí misma una excepción, y que tenía sus propias normas que no cabía suprimir como privilegios.

Zapatero supo representar la que hoy es opinión mayoritaria entre los ciudadanos: que se conserve la monarquía pero que se adapte en el aspecto de la igualdad de sexos. Tanto jurídicamente como históricamente el cambio no es necesario, pero Zapatero ha sabido incluirlo en la agenda política y no hay dudas en la opinión pública: el cambio debe hacerse. Ahora bien, ¿qué cambio, y cómo realizarlo? Y ahí vienen las dudas.

La situación actual: complicada

Cuando su padre Don Felipe sea rey -no «coronado», porque en España no hay coronación hace muchos siglos-, la hoy Infanta doña Leonor de Borbón y Ortiz podría ser la XXXVI Princesa de Asturias, heredera de la Corona. Pero con la Constitución de 1978 en su texto original esto sólo sucedería, y sería Reina, si no tuviese un hermano varón.

En su investidura presidencial, tras el 11 M y las elecciones del 14 M, José Luis Rodríguez Zapatero prometió modificar la Constitución en cuatro puntos para incorporar la «constitución» europea, para convertir el Senado en cámara de representación territorial, para incluir el nombre de las Comunidades Autónomas y para igualar a hombres y mujeres en la sucesión de la Monarquía. De momento no hay señales de que el tratado constitucional de la Unión Europea vaya a ratificarse, y los aspectos relativos a la organización territorial de España están enmarañados en sucesivas promesas contradictorias de Zapatero y en las aventuras del PSOE y de sus socios en Cataluña y en el País Vasco. Pero el nacimiento de doña Leonor impone una decisión.

Hay prisa, pero menos

Zapatero tiene, en este punto de su proyecto constitucional, el apoyo del PP. Mariano Rajoy desde el principio se mostró dispuesto a pactar la modificación constitucional, con el apoyo del resto de las fuerzas políticas excepto las declaradamente republicanas como Izquierda Unida. Sería posible un consenso tan amplio como el de 1978.

¿Por qué no se ha hecho antes del nacimiento de la Infanta? Porque el PSOE no ha querido; ya que, por un lado, Zapatero ha intentado englobar este punto que sí tiene el consenso del PP con otros que no pueden tenerlo, como es todo lo relacionado con su «segunda Transición», pactada con Maragall, Carod-Rovira, Patxi López, Juan José Ibarretxe e incluso Gaspar Llamazares, pero orientada contra los «populares». Así que el retraso es cosa del presidente del Gobierno.

Una cuestión familiar (y médica)

Ahora bien, en la Familia Real tampoco hay prisa, ahora. De momento, tanto con la norma antigua como con la que se anuncia, la línea sucesoria de don Juan Carlos a don Felipe y de éste a doña Leonor no ofrece dudas. Y por prudencia no se está comentando lo que cualquier estudiante de medicina sabe: que después de una cesárea como la que ha sufrido doña Letizia Ortiz Rocasolano normalmente sólo es posible un parto más. Así que don Felipe y doña Letizia no tendrán «familia numerosa», y el problema se diluye en el tiempo. Aunque para todos habría sido más cómodo que en vez de niña fuese niño.

Además, de puertas adentro en La Zarzuela sí hay un problema, del que se culpa a Zapatero. Al politizar éste la reforma constitucional la retrasó, y ha hecho que, cuando se produzca, lo haga con efectos retroactivos. Si la niña hubiese nacido después de la reforma, ésta podría haber entrado en vigor de inmediato, y ahora deberá retrotraerse al 31 de octubre de 2005. Nadie ha suscitado el debate en público, pero se ha dejado decir que «si van a aplicarlo retroactivamente a la infanta Leonor, alguien deberá explicar por qué no se aplica a las infantas Elena y Cristina». Las duquesas de Lugo y de Palma de Mallorca son también mujeres, y mayores que su hermano don Felipe. En Suecia el rey Carlos Gustavo solucionó en su momento mejor el problema entre su heredera Victoria y el varón Carlos Felipe, y por supuesto para Isabel Teresa de Bélgica se tuvo mucho cuidado con la retroactividad. En Gran Bretaña, de reformas en este sentido «ni se piensa ni se habla». Zapatero prometió respetar «los derechos de don Felipe de Borbón», pero ésta no parece la mejor manera de hacerlo.

La verdadera cuestión: Zapatero tiene miedo a las elecciones

Si el presidente del Gobierno fuese un hombre de Estado habría considerado nuestra historia y las dificultades de la empresa que afronta. Siendo como es, con su carácter que en la misma calle Ferraz definen como «ligero», se preocupa sólo por los problemas más inmediatos. Un gobernante que considera un halago decir del Rey que es «bastante republicano» no piensa a largo plazo. Y a corto plazo lo que Zapatero no quiere es unas elecciones generales.

La reforma constitucional impuesta por el nacimiento de doña Leonor implica una reforma agravada de la Carta Magna, es decir que la cuestión sea aprobada por las Cortes, después sometida a referéndum, y que tras unas nuevas elecciones las nuevas Cortes vuelvan a aprobar la reforma. Casi nada, con el asunto catalán de por medio.

Zapatero ha endosado la «patata caliente» al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien ha dicho que «es perfectamente posible resolver en esta legislatura las reformas constitucionales». Pero no ha dicho qué reformas, ni cuándo terminará la legislatura. Lo único seguro es que no serán las prometidas en 2004 por Zapatero al formar Gobierno.

Hay consenso, gracias al Partido Popular

Mariano Rajoy, presidente del PP y líder de la oposición, se ha mostrado siempre de acuerdo en la reforma, ya que la sociedad la demanda, pero como jurista ha aconsejado a Zapatero prudencia. El PP ofrece el consenso, pero en este punto, y no está dispuesto a dejarse llevar a otras reformas constitucionales. El «popular» Jaime Ignacio Del Burgo, vicepresidente de la Comisión Constitucional del Congreso, ha dicho que hasta ahora el debate se había aplazado, y que es «un hecho significativo desde el punto de vista institucional, político y constitucional» que no puede ni ignorarse ni tratarse dentro de la confrontación entre partidos.

Izquierda Unida, por otro lado, ha sido consecuente con sus principios: ha exigido que «cualquier ciudadano, y no sólo el heredero, pueda ser jefe del Estado». Puestos a suprimir discriminaciones, dicen ellos, bien está igualar a hombres y a mujeres, pero mejor estaría suprimir la monarquía, que es una forma de desigualdad.

Por Pascual Tamburri Bariain, 1 de noviembre de 2005.
Publicado en El Semanal Digital.