El precio del talante: Zapatero, Montilla y Espinosa echan a la calle a los agricultores

Por Pascual Tamburri Bariain, 8 de noviembre de 2005.
Publicado en El Semanal Digital.

Cedieron ante las huelgas y bloqueos de los camioneros, los pescadores y los mineros. Ahora es el turno de los agricultores, que saldrán unidos a la calle a pedir mucho más. Un «otoño caliente» para el Gobierno.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Industria José Montilla y la ministra de Agricultura Elena Espinosa le han liado una buena al titular de Economía, Pedro Solbes. Cedieron primero ante las peticiones de los transportistas -un sector en crisis por el precio del petróleo- y consiguieron que los pescadores bloqueasen los puertos. Cedieron ante los pescadores, y los mineros cortaron las carreteras. Acaban de ceder -Montilla en especial- ante los mineros, y los agricultores se unen para una movilización sin precedentes.

Pero la agricultura y la ganadería tienen razones estructurales, y no sólo coyunturales, para la inquietud. Mientras el precio del combustible afecta a todos, la negociación de la nueva Política Agrícola de la UE (PAC) está en manos del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y puede provocar el cierre de muchas empresas pequeñas y medianas. Además, la presidencia británica de la Unión Europea negocia en la Organización Mundial de Comercio una liberalización que puede cambiar las reglas del juego. Así que los agricultores no serán tan fáciles de torear como los demás ante los que Zapatero se ha rendido a costa de las cuentas de Solbes.

Se acaba para España el dinero de Bruselas

La ampliación de la Unión ha situado de repente a España entre los países ricos de Europa. El ministro de Exteriores británico, Jack Straw, intenta que el próximo Presupuesto europeo mantenga el mismo nivel de gasto y de inversión estructural, a costa de un recorte en la Política Agrícola. Francia y España rechazan la propuesta, pero los restantes países de los Veinticinco podrían hallar un consenso. La PAC supone hoy más del 40% del presupuesto europeo. España perdería dinero con la propuesta británica; sin embargo, Moratinos llevaba en su agenda algo que a Zapatero le importa ahora más que el dinero de los agricultores: el Gobierno quiere que la retirada de los Fondos Estructurales y de Cohesión sea gradual, y no brusca. Así que España podría terminar apoyando un final rápido de la PAC que a cambio garantizase dinero para nuestras infraestructuras e impidiese un «parón» de ese motor de la economía española. Solbes, quién lo iba a decir, convenciendo a Moratinos de la bondad del «modelo Rato».

Así que los agricultores tienen un problema mayor y más serio que el precio del gasoil y que la sequía. El problema es el modelo de agricultura europeo (http://www.elsemanaldigital.com/arts/38697.asp), que ha impedido el desarrollo libre de la agricultura española pero que, tras dos décadas de imposición ideológica, no puede ser liquidado de golpe. ¿O sí? Espinosa va a tener pronto los tractores en las carreteras, si no encuentra una solución.

Y además, la liberalización mundial

El comisario europeo de comercio Peter Mandelson y el representante estadounidense de Comercio, Rob Portman han llegado a un principio de acuerdo sobre liberalización del comercio agrícola mundial en la Organización Mundial de Comercio. En ese foro, España está representada a través de la UE, aunque no es seguro que todos los países tengan los mismos intereses. La comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel ha ofrecido rebajar hasta en un 70 por ciento las ayudas agrícolas de la UE a cambio de contrapartidas industriales y comerciales de Estados Unidos. Algo que en teoría es bueno para España, porque sólo un 3% de las familias viven de la agricultura. Pero esto, unido a la sequía, a precio del gasoil y al fin de la PAC hará que los agricultores no se limiten a protestar como camioneros y pescadores: se prepara una rebelión contra Zapatero.

Saldrán todos a la calle

Los tres sindicatos mayoritarios del sector han anunciado que «los tractores de agricultores y ganaderos estarán en las carreteras» si no se alcanza un acuerdo con el Gobierno que compense el alza de los precios del gasóleo antes del próximo 25 de noviembre. ASAJA, COAG y UPA son tres organizaciones muy diferentes entre sí por origen, ideas y afiliación. Sin embargo, tiene en común que son organizaciones profesionales independientes que no dependen de las grandes centrales «políticas» -UGT y CCOO- y que tiene que responder ante una afiliación que está al límite de su capacidad de resistencia. La petición inmediata de los tres sindicatos es similar a la de los transportistas: la eliminación del impuesto especial de Hidrocarburos, incluyendo el «céntimo sanitario» y la tasa de venta minorista y la aplicación de un tipo reducido de IVA al 7% al gasóleo agrario. Sin embargo, la «sublevación» de la España rural que se prepara para fin de mes puede ir mucho más allá.

La COAG, Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (http://www.coag.org/) es una organización tendencialmente de izquierdas, pero no sorprende su militancia contra la política agraria de Espinosa y Zapatero. «En realidad, no hemos tenido política agraria»; y Miguel López Sierra, su actual secretario general, se muestra confiado en sacar a la calle un gran número de agricultores, no sólo por la cuestión del gasoil sino para defender la supervivencia de las explotaciones familiares y de los modelos agrícolas más tradicionales y menos competitivos. Muestra del pluralismo de la movilización contra Zapatero es la presencia dentro de COAG del sindicato agrario abertzale EHNE, Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna (http://www.ehne.org/), representado por Andoni García, que en cuestiones profesionales «hace bloque» con los demás y no menciona sus peculiaridades políticas.

Todos contra Zapatero. Desde luego, sin demasiados matices, Pedro Barato, dirigente de la mayor organización agraria española, ASAJA (http://www.asajanet.com). Una organización que presume de más de un cincuenta por ciento de representatividad, y que denuncia «la nula voluntad del Gobierno de plantear alguna medida medianamente eficaz para paliar la gran crisis económica provocada en el sector». Va a salir a la calle, y esto supondrá para el PSOE un indudable coste electoral en las municipales de 2007, al menos en la España rural. Pero realmente lo que da la medida del fracaso negociador de Espinosa y Zapatero es que hasta la minoritaria UPA, Unión de Pequeños Agricultores (http://www.upa.es/) que dirigía Fernando Moraleda hasta recalar en La Moncloa, se ha unido al «bloque campesino» contra Zapatero.

Las cosas van mal. Pueden ir peor

El año agrario 2004, que ha terminado con el final de las cosechas de otoño, se cierra con una nueva disminución de renta y la desaparición de 50 explotaciones agropecuarias cada día. No sólo se trata de una disminución del peso de la agricultura en la economía española, sino de una pérdida de peso de la agricultura española dentro de la agricultura europea. No son sólo grandes cifras: para miles de familias la situación implica un deterioro radical de las condiciones de vida, y la certeza de tener que abandonar la ocupación que han heredado de sus padres. Para el país, un nuevo factor de desequilibrio económico, ya que la actividad se basa cada vez más en la construcción y en los servicios, y los alimentos se importan. Zapatero no ofrece soluciones, y puede encontrarse con una rebelión que dejará muy pequeñas las que ya le han obligado a cambiar de planes. Atentos al campo, que está que arde.

Por Pascual Tamburri Bariain, 8 de noviembre de 2005.
Publicado en El Semanal Digital.