Por Pascual Tamburri Bariain, 2 de febrero de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.

Camps convierte la Comunidad Valenciana en la autonomía con porcentaje más alto y blindado de acceso a su Parlamento

La Comisión Constitucional del Congreso aprobó ayer la remisión al Pleno del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, un texto del que finalmente se ha suprimido la barrera electoral del 5 por ciento para acceder al Parlamento autonómico, asunto que queda remitido a la Ley Electoral valenciana.

En un principio esta cuestión había sido pactada entre socialistas y poulares en Valencia fijando un límite estatutario del 5% para la obtención de escaños en el órgani legislativo autonómico. Sin embargo, el pasado miércoles el PSOE anunció en Madrid su intención de servirse de las enmiendas presentadas en el trámite parlamentario por los grupos parlamentarios menores para introducir dos cambios en el proyecto. Uno, en lo relativo a la lengua valenciana; otro, en esta cláusula electoral.

Al final el PP, con Francisco Camps a la cabeza, logró impedir la ruptura del pacto, que era el objetivo de CiU, a través de sus ahora buenas relaciones con el PSOE. Finalmente los socialistas han rechazado las tesis catalanistas sobre el idioma valenciano, que era la cuestión política más grave; y se ha modificado el pacto entre los dos grandes partidos en lo que se refiere al porcentaje mínimo de votos. El nuevo artículo 23 del Estatuto valenciano dispondrá que los escaños en el Parlamento autonómico se lograrán con «el número de votos exigido por la Ley Electoral valenciana». La cosa se saca del Estatuto y se deja a una Ley específica. Pero ¿ha sido esto una cesión del PP? ¿Ha renunciado Camps a una garantía estatutaria?

La legislación más exigente, precisamente la valenciana

La situación en la que quedarán las fuerzas políticas valencianas es sencilla de explicar. La Ley electoral establece una barrera del 5 % para obtener escaños. Esa Ley, según el propio Estatuto, sólo puede modificarse con una mayoría de dos tercios en el propio Parlamento valenciano. Y el Estatuto que crea este marco jurídico, a su vez, exige dos tercios de los votos en la Comunidad para ser reformado, además del acuerdo con las Cortes Generales. ¿Parece mucho?

Pues hay más. Porque ese cinco por ciento de los votos que se requiere para entrar en el reparto de escaños en el Parlament ha de obtenerse en el conjunto de la Comunidad, dificultando ulteriormente la entrada de grupos políticos ultraminoritarios en la cámara. Y además impidiendo que partidos mínimos e instrumentales, con representación sólo local, tengan un acceso fácil. Tras el acuerdo, la Comunidad Valenciana es la autonomía con mayor porcentaje de acceso a su Parlamento; en todo caso la que más dificultades pone a la entrada de grupos extremistas, y la que de modo más sólido garantiza esa situación.

¿Los hechos? A día de hoy el País Vasco, Castilla y León, Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha y Navarra, por ejemplo, tienen un límite de sólo el 3 % de los votos para poder entrar en el reparto de escaños. ¿Por qué es así, o con qué consecuencias? En el caso de Navarra, comparable en esto, se hizo con una meta clara, que fue asegurar la presencia en el Parlamento de algunos grupos minoritarios, nacionalistas vascos (EA, Aralar) y regionalistas (CDN) que con el 5 % se habrían podido ver abocados a la desaparición. ¿Cuál es el resultado de una barrera más baja? Que obtienen representación más grupos políticos, en general los minoritarios y más marginales por una u otra razón, de manera que los grandes partidos pueden tener más dificultades para la gobernabilidad. Pero esto, precisamente, está hoy en Valencia más lejos que nunca, gracias al nuevo Estatuto.

Más hechos. Extremadura, por ejemplo, marca el mismo 5 % que la Comunidad Valenciana, pero dejando que se obtenga en cualquiera de las dos circunscripciones provinciales. Esto se ha querido evitar en Valencia, ya que, al tenerse que lograr el mismo porcentaje en el conjunto de la región, se llega de hecho a una situación similar a la de Comunidades uniprovinciales como la de Madrid. Y Camps, además, ha logrado el hecho único -ninguna otra Comunidad lo tiene así dispuesto- de que la Ley Electoral, aun sacándose del articulado del Estatuto, requiera una mayoría cualificada de dos tercios, mientras que en otras Comunidades son Leyes ordinarias, que requieren mayoría simple, o como mucho se pide una mayoría absoluta

Consecuencias políticas: evidentes … para quien quiera verlas

Traducido al leguaje de la calle, esto quiere decir que la Ley electoral valenciana marca el camino hacia el bipartidismo, poniendo muy difícil a partidos diferentes del PP y el PSOE entrar en el Parlamento; y en todo caso es prácticamente imposible para partidos catalanistas como el Bloc, lo que habría sido la aspiración de sus «hermanos mayores» de CiU. El Parlamento valenciano tendrá, tendencialmente, un aire más británico, y para nada tendrá que ver con las «jaulas de grillos» del país Vasco y Navarra, donde las mayorías absolutas son tan complicadas. Una victoria de la estabilidad y el sentido común.

Pero es que además Camps ha logrado que todo esto quede «blindado». Es prácticamente imposible lograr dos tercios de los votos sin el consenso de los dos principales partidos; pero esto no es para hoy, sino para un futuro previsible: aunque el PSOE llegase algún día a gobernar allí -cosa improbable, visto lo visto- el PP seguiría teniendo la llave de la Ley electoral. Más seguro imposible; pero hay que querer verlo.

No faltan ejemplos históricos que respaldan la postura de Camps. El mismísimo Antonio Cánovas del castillo, cuando diseñó una Constitución «de consenso» en 1876 para sacar a España del caos del golpismo, la pactó con los liberales de Práxedes Mateo Sagasta; y ambos se pusieron de acuerdo en «sacar» de la norma suprema el sistema electoral, remitiéndolo a una Ley posterior. El resultado fue la estabilidad que se buscaba, durante dos generaciones al menos. Y en cambio cuando François Mitterrand quiso en la década de 1980 poner obstáculos a la derecha francesa, impidiendo la las mayorías absolutas, reformó la ley electoral rebajando el porcentaje mínimo y dando así entrada a las minorías extremistas; y ahí está Jean-Marie Le Pen. Algunos preferirían que Camps hubiese hecho de Mitterrand; pero el resultado se parece mucho más a Cánovas.

Por Pascual Tamburri Bariain, 2 de febrero de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.