Por Pascual Tamburri Bariain, 29 de marzo de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.

Un Ayuntamiento entero ha sido detenido por corrupción urbanística. Y están por medio Isabel Pantoja y Julián Muñoz. Pero la responsabilidad es de los grandes partidos.

Marisol Yagüe, alcaldesa de Marbella, fue arrestada ayer miércoles la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial, dentro de la Operación «Malaya» contra la corrupción en Marbella, derivada del caso «Ballena Blanca», de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. El Ayuntamiento andaluz parece haber sido sede de diversas tramas de corrupción, ligadas al urbanismo. Razones de este tipo llevaron ya a Jesús Gil y Gil a abandonar la alcaldía y a la cárcel.

Junto a Yagüe han sido detenidos otros responsables municipales, incluyendo a los concejales de Cultura, José Jaén, y de Tráfico, Victoriano Rodríguez, al secretario del Ayuntamiento, Leopoldo Barrantes, y al asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca. La ex concejal socialista Isabel García Marcos se encuentra de viaje de novios y está en busca y captura. Varios de los detenidos, a los que se acusa de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas, proceden del GIL, el partido fundado por Jesús Gil a comienzos de los 90.

En Marbella el Ayuntamiento ha sido desalojado y sus oficinas registradas, así como domicilios particulares. La dirección de los asuntos municipales corresponde al veterano jugador del Atlético de Madrid, Tomás Reñones, hasta ahora segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella y concejal de Juventud, Deportes y Fiestas. Uno de los pocos que se salvan de las acusaciones.

Yagüe llegó al Ayuntamiento de Marbella de la mano de Jesús Gil, cuando la división del GIL condujo a la moción de censura de Julián Muñoz en 2003. La detención de la alcaldesa de Marbella ha tenido mayor repercusión en los medios por su relación con las noticias del corazón. Sin embargo el caso está ligado a la política de los grandes partidos, y PP y PSOE tienen la responsabilidad última de lo que ha sucedido en Marbella.

Primer problema: cómo se financia un Ayuntamiento

Marbella es sólo un caso más, al que los medios prestan por razones evidentes una atención especial, no en vano es entre otras cosas el primer hogar de Isabel Pantoja y Julián Muñoz. Pero No es un caso único: la financiación municipal ha llevado a muchos alcaldes y concejales a tener problemas con la Ley. Y es que las cosas no son fáciles.

Por un lado, los Ayuntamientos tienen cada vez más tareas y los ciudadanos les exigen servicios cada vez servicios más complejos y costosos. Esto exige, para empezar, una dirección profesionalizada y competente, además de funcionarios numerosos y cualificados, por no hablar de instalaciones e infraestructura. Pero ¿quién paga esto?

Aunque la Constitución reconoce la dignidad de los Ayuntamientos, éstos nunca han recibido una fuente de financiación efectiva. Así como la «primera descentralización» (la creación de las Autonomías a partir de 1978) se ha pagado con transferencias por parte del Estado o con la asignación de un porcentaje de los impuestos (aparte de los casos forales), los Ayuntamientos han visto subir sus gastos sin que se aclarase cómo podía pagarse aquello. La «segunda descentralización» anunciada por José María Aznar no ha llegado. Y esto ha llevado a soluciones de todo tipo, entre el endeudamiento desmedido, la inmoralidad y el fraude de Ley. Tal vez sea más grave y evidente en Marbella, pero no es un caso único.

Madrid versus Barcelona: todos lo hacen, aunque no todos lo dicen

Los que pueden, no pagan. Este es el resultado de un análisis de la política de las grandes ciudades. El Ayuntamiento de Madrid debe hoy 2.888 millones de euros, es decir casi un dos veces y media más que cuando José María Alvarez del Manzano entregó el poder a Alberto Ruiz-Gallardón. Y la deuda sigue subiendo: se actúa sin saber cómo se va a pagar.

¿Sólo es Madrid? Ni mucho menos. Barcelona debe 1.130 millones de euros, y aunque las cifras catalanas tienden a mejorar levemente lo cierto es que la deuda municipal supone casi el 3% del PIB. No se trata d que Joan Clos haya dado con una fórmula mágica: simplemente ha subido los impuestos y ha obtenido majores transferencias desde su Comunidad Autónoma, además -salta a la vista- de invertir menos. Pero una deuda semejante a la de estas ciudades no se financia ni con multas ni con parquímetros: es una decisión de las grandes entidades financieras que por ahora sostienen la situación, seguras de que nadie está dispuesto a apretar las clavijas a una gran ciudad.

¿Y qué pueden hacer los Ayuntamientos que no tienen estos privilegios, o esta capacidad de endeudamiento?

El urbanismo, clave del problema

Ramón Parada Vázquez, catedrático de Derecho Constitucional, ha explicado en multitud de foros la peculiaridad del urbanismo español: el urbanismo consiste hoy entre nosotros en convertir legalmente en escaso un bien abundante, como es el espacio, el suelo. Normas jurídicas como los planes de urbanismo definen qué se puede construir y cómo en cada lugar, sometiendo a regulación administrativa los derechos de la propiedad. Esto supone dar a una autoridad administrativa el poder absoluto para definir el precio de un bien.

La particularidad española es que, además de ser un urbanismo muy regulado y constreñido, ese poder regulador no está en un Ministerio y ni siquiera en una Autonomía, sino que reside en los Ayuntamientos. Al mismo tiempo los alcaldes y concejales tienen dificultades para financiar las actividades municipales, y para remunerar su propio trabajo. Con esto la bomba está cargada.

Muchos Ayuntamientos de España sobreviven hoy sin hundirse en su propia deuda gracias a los impuestos ligados a la construcción, y lógicamente tiene el mayor deseo en que se construya mucho, y más aún si se hace en suelo municipal. Hoy, políticamente, sería muy difícil quitar a los Ayuntamientos las atribuciones urbanísticas, porque de hecho esto los arruinaría; pero es evidente que hay una peligrosa tentación en todo esto, ya que un concejal o un alcalde pueden tener la idea de financiar sus propias actividades o las de su partido, además de las del Ayuntamiento, por la fácil vía del urbanismo.

La solución depende hoy de José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del gobierno podría cambiar la disciplina urbanística de España, sea en una línea liberal -desregular el urbanismo- sea en una línea de disciplina estatal -buscar una autoridad competente e imparcial en la materia-. Pero antes deberá buscar dinero para los Ayuntamientos, probablemente exigiendo a las Autonomías que transfieran a los consistorios recursos, además de obligaciones. Si esto se hubiese hecho ya no habría sido posiblo el escándalo de Marbella.

Por Pascual Tamburri Bariain, 29 de marzo de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.