Por Pascual Tamburri Bariain, 21 de junio de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.

ETA exige que el Estado de Derecho deje de actuar, como primera contrapartida. Ahora Zapatero debe elegir si acepta el chantaje de los terroristas y paga el precio del «proceso de paz».

En un comunicado remitido al diario nacionalista Gara y redactado en castellano, la banda terrorista ETA afirmó ayer que «la represión que a día de hoy aún persiste» no es compatible con el mal llamado «proceso de paz». ETA se dirige a José Luis Rodríguez Zapatero para señalar que la «oportunidad de paz» depende de los pasos que dé el Gobierno y pide a la opinión pública española que apoye una «solución negociada».

Este comunicado de ETA ha sido emitido a los tres meses exactos del supuesto «alto el fuego permanente». Coincide con las fechas de un juicio decisivo en la Audiencia Nacional, el de los asesinos del concejal de Partido Popular en Ermua Miguel Ángel Blanco. Como aquel asesinato en 1997, hoy la actitud digna de los familiares y las víctimas frente a los desafíos de los inculpados ha generado una reacción sentimental contraria a ETA en la sociedad española. ETA es consciente de la importancia de los sentimientos populares, y el comunicado apela directamente a los «deseos de paz» .

Tanto el presidente del Gobierno como el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba se han referido más de una vez al «inmenso anhelo de paz» que vive España. ETA apela a esa misma sensación, y ofrece «la superación del conflicto por la vía del diálogo y la negociación». ETA y el PSOE emplean las mismas expresiones para referirse a la actual situación, en la que ven ambos «una oportunidad histórica». Eso sí, ETA ha elegido este momento para recordar también su precio y sus condiciones.

Si «para avanzar en el camino del diálogo es imprescindible desactivar todas las medidas represivas y de excepción», ETA quiere decir que no pueden continuar los juicios en la Audiencia Nacional a los criminales más peligrosos, porque se corre el riesgo de que el pueblo español reaccione contra ellos. Y ETA está evidentemente molesta por las operaciones antiterroristas del juez Fernando Grande-Marlaska, ya que la detención de doce dirigentes del aparato de extorsión de la banda ha revelado que ETA sigue organizándose, que sigue chantajeando y que cuenta para ello con activistas políticos incluso en partidos nacionalistas que se dicen democráticos como Aralar.

ETA sabe lo que quiere, y es ante todo que el Estado de Derecho deje de actuar, como primera contrapartida de su cese parcial de actividades. Zapatero sabe, sin duda desde ayer y probablemente desde antes, que ETA espera ahora un gesto por su parte.

Cuál pueda ser ese gesto sólo puede conjeturarse. Pero es significativo que Batasuna haya elegido el mismo día del comunicado de ETA para escribir una carta pública a los regionalistas de Unión del Pueblo Navarro diciendo que la izquierda nacionalista no «le va a permitir que ponga vetos al diálogo político». Para Batasuna, es decir para ETA, ahora mismo UPN es un «tapón» al diálogo, es decir a la negociación política. En esa negociación -que es la misma a la que Zapatero está emplazado por los terroristas- la sumisión de Navarra al nacionalismo es uno de los primeros pasos.

ETA ha dicho a Zapatero, poniendo como testigos a todos los ciudadanos, que, como estamos en «proceso de paz», deben gozar de impunidad y de libertad de acción. Según los etarras, si Zapatero quiere jugar la baza de la paz debe «pasar de las palabras a los hechos». Y en este momento el presidente del Gobierno de España debe elegir si acepta el chantaje de los terroristas y se somete a sus exigencias y a sus plazos -pasando por encima de la libertad, de la justicia y de los navarros- o si cumple con su deber institucional y rechaza tajantemente las exigencias de los criminales. Sólo si hace esto último debe contar con todo el apoyo del partido Popular de Mariano Rajoy.

Por Pascual Tamburri Bariain, 21 de junio de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.