Por Pascual Tamburri Bariain, 25 de junio de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.

El juez Marlaska ha hecho cumplir las leyes cuando el Gobierno prefería otra cosa. Faltan cinco días para que, con la vuelta de Baltasar Garzón, desaparezca un «obstáculo para la paz».

Si las cosas van como se han anunciado, el magistrado Fernando Grande-Marlaska dejará la gestión del Juzgado Central de Instrucción número 5, en la Audiencia Nacional, el próximo sábado 1 de julio. El regreso del juez titular, Baltasar Garzón, retirará de su actual posición al que, sin duda, ha sido uno de los protagonistas de la vida pública española durante los últimos tiempos.

En su gestión como sustituto de Garzón, Marlaska ha roto moldes en más de un sentido. En su intervención en el proceso del 11 M adoptó rápidamente medidas que el juez Juan del Olmo había pospuesto durante meses. Y frente al terrorismo de ETA Marlaska ha insistido en aplicar la vigente Ley de Partidos a Batasuna, a pesar de las indicaciones politizadas del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado, ha encarcelado a Arnaldo Otegi, ha evitado con sus detenciones de terroristas la sensación de que el Estado de Derecho se declarase en «tregua» frente al crimen.

Pero Marlaska ha ido más allá, creándose con ello amigos y enemigos por igual. Ha sido el primer juez desde el final de la dictadura de Francisco Franco que ha arrestado a empresarios por colaborar con ETA pagando el chantaje pedido por la banda. Ha ordenado a la policía judicial a sus órdenes que no comunicase sus acciones al Comisario General de Información, Telesforo Rubio, por sospechar que desde la Policía se podía estar avisando a ETA de las operaciones antiterroristas. Y ha citado a declarar al dirigente del PNV Gorka Aguirre y al ex presidente del mismo partido, Xabier Arzalluz, en su investigación sobre el aparato de extorsión de ETA.

Marlaska no ha gustado, como juez, ni al Gobierno de José Luis Rodríguez, ni al PSOE, ni a los nacionalistas; obviamente tampoco a los batasunos y etarras, que han hallado en él un obstáculo inesperado e indeseable. Marlaska ha sido, desde su posición en la Audiencia Nacional, un freno formidable al llamado «proceso de paz», ya que ha seguido aplicando las leyes en vez de dar por supuesta la rendición, el pacto o la amnistía.

Desde el partido nacionalista vasco se ha acusado a Marlaska de «prácticas de política judicial-espectáculo» por sus acciones contra ETA. Sin embargo, cuando hace una década Baltasar Garzón -mucho más político, mucho más atento a los medios de comunicación y mucho menos escrupuloso con la legalidad- investigaba los crímenes de los GAL ligados a los Gobiernos socialistas de Felipe González el PNV no se quejó del «espectáculo». Los nacionalistas están enfadados, pero harían mal en olvidar la coherencia con sus propios actos.

Aún queda una semana de Marlaska en su actual juzgado. Si tenemos en cuanta lo que este magistrado ha demostrado que puede hacer en cuatro o cinco días, los ciudadanos aún tendrán algunas sorpresas. El senador del PNV, Iñaki Anasagasti, ha rebasado los límites de lo aceptable al acusar a Marlaska de «paranoia», a su actuación jurisdiccional de «auténtico despropósito y locura política» y a «sus planteamientos de extrema derecha». Cuando Baltasar Garzón llegue a su puesto asumirá la situación como la deje Marlaska, y el «proceso de paz» podrá cambiar de sentido. Pero Zapatero y Otegi aún tienen una semana de Marlaska por delante. Y no perdamos de vista después a este hombre.

Por Pascual Tamburri Bariain, 25 de junio de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.