Por Pascual Tamburri Bariain, 29 de junio de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.

Dando por hecho el «alto el fuego», Zapatero anunció la negociación con los terroristas y «respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente».

Ayer, en una insólita declaración ante los medios de comunicación, el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero anunció formalmente que iniciará conversaciones con la banda terrorista ETA. En las horas anteriores el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunió con los portavoces de los grupos parlamentarios para dar la versión del Gobierno, positiva sobre lo que se denomina » verificación del alto el fuego». Rubalcaba afirma que ETA está cumpliendo su anuncio de no actuar y Zapatero da el paso anunciado y se dirigirá directamente a los asesinos.

Zapatero, como no podía ser de otra manera, anunció ayer que en su «diálogo» con ETA respetará la Constitución de 1978 y que su intención es mantener vigente la Ley de Partidos aprobada durante la presidencia de José María Aznar. Una ley que forzó la ilegalización de Batasuna, «aparato político» de la banda terrorista y que acorraló a ETA casi hasta la extinción. Una Ley que, sin embargo, permitiría la existencia de un partido con los mismos principios y objetivos que Batasuna y ETA siempre que rechazase el uso de la violencia; y ahora, según el Gobierno, «ya no hay violencia» .

El presidente del Gobierno reiteró ayer todos los argumentos habituales del PSOE y de sus aliados. Según él, los tres años sin asesinatos reconocidos de ETA son una prueba de la voluntad de paz de los nacionalistas. Y un diálogo con ETA, paralelo al diálogo político entre los nacionalistas vascos, podrá traer la paz.

Si esa «paz» debe juzgarse por las formas empleadas ayer por Zapatero se acercan tiempos difíciles. Zapatero no anunció su decisión de negociar ni ante el pleno del Congreso, ni en la Comisión de secretos oficiales, ni ante los firmantes del Pacto Antiterrorista. El presidente del Gobierno incumplió su compromiso de acudir a las Cortes para dar este paso, olvidando tal vez que las Cortes Generales no están formadas por un edificio, sino por los representantes democráticos de la soberanía nacional española. Zapatero los ignoró.

El presidente anunció su decisión ante los medios de comunicación, pero al mismo tiempo pidió a la prensa que colabore en tarea, para la que pidió «prudencia y discreción». Dicho de otro modo, Zapatero no quiere que los españoles se enteren de lo que el PSOE habla con ETA, y eso en democracia es extremadamente grave.

Más grave aún fue la insinuación de Zapatero sobre la autodeterminación del país vasco. Pese a su proclamado respeto por la Constitución, el presidente dijo que «el Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente», poniendo como únicos límites «las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos, y en ausencia de todo tipo de violencia y de coacción».

Sin embargo, ni el País Vasco, ni ninguna de sus partes, es sujeto de autodeterminación. Salvo en un sentido: en el marcado por ETA en sus objetivos irrenunciables. La cuestión es que, haga lo que haga y diga lo que diga Zapatero, esa autodeterminación no tiene cabida en la convivencia democrática española. Corresponde ahora a la oposición política y social recordar al Gobierno a cada paso los límites que a este diálogo marcan la legalidad y la legitimidad.

Por Pascual Tamburri Bariain, 29 de junio de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.