Por Pascual Tamburri Bariain, 27 de julio de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.

Desde hoy, por Ley, tenemos que tener Memoria Histórica. Atrás quedan el perdón, el olvido, la concordia, la fusión de recuerdos y la adhesión al pasado común. Al niño José Luis Rodríguez Zapatero le contaron una borrosa película de «buenos» y de «malos» y él, en esta era de relativismo, acaba de definir un dogma. La Segunda República -democracia, libertades, derechos humanos, pluralismo, tolerancia- ha quedado definida como el Bien Pasado Que Nos Fue Arrebatado. Y todo lo demás es el Mal.

Algunos insisten en creer que este hombre ha perdido, con el talante, el sentido común. Pero «se trata de que la historia sea igual para todos», De la Vega dixit (y pixit); es decir que el proyecto es definir una verdad oficial, revelada e indiscutible, cuya negación será punible antes o después. George Orwell ya pensaba en un Ministerio de la Verdad. Pero no es una patochada más de Zapatero, sino que es una fuente esencial de legitimidad, en el pasado, para su proyecto futuro. Es fácil de ver a través de los aspectos más notables del plan socialista, comunista y nacionalista que hoy venimos a conocer.

Las víctimas. Desde hoy, en nuestro pasado no hay más víctimas que las ocasionadas por el Alzamiento de julio de 1936 y por el régimen de Francisco Franco. El resto son, como mucho, daños colaterales. Así, naturalmente, el abuelo de Zapatero es una víctima loable pero no lo son los muertos de Paracuellos, ni los que murieron, antes y después de 1936, por sus ideas, por su origen o por su fe a manos de las izquierdas o del nacionalismo. Quienes los mataron son ahora luchadores por la libertad, y esto incluye a los que, en cualquier otro caso, llamaríamos genocidas, violadores, asesinos comunes, criminales de guerra o terroristas. Santiago Carrillo, Julián Grimau, El Campesino, Margarita Nelken y Enrique Líster figuran ahora entre los referentes morales de España; no así sus víctimas.

Los principios. Desde hoy, nuestro pasado es juzgado oficialmente desde el punto de vista del Frente Popular de 1936. Los acontecimientos del pasado dejan de ser eso, «pasado», para convertirse en objeto de evaluación. Serán buenos en la medida en que puedan ponerse en relación con los principios de aquella coalición, y si no serán malos. De momento el franquismo está condenado sin remisión ni excepción, pero cuidado, porque cualquier otro momento o suceso histórico será igualmente evaluado. Habrá sorpresas.

Los símbolos. Desde hoy quedan fuera de la ley todos los símbolos históricos de España que no se refieran al régimen constitucional de 1978 -en su lectura zapateril- o al luminoso régimen de 1931. Esto excluye por supuesto todos los símbolos anteriores del Estado, y todos los personajes que no puedan reconducirse a una democracia entendida en esos límites. Atención: son de momento los restos del franquismo -y está por ver si es posible borrar de la memoria cuatro décadas de historia, con todas sus luces y sus sombras, sus obras y su legado-, serán sus escudos, sus edificios, sus calles; pero serán después todos los símbolos que no casen con el nuevo dogma.

La legalidad. Desde hoy -y esta es la clave política del asunto- España abandona el discurso oficioso sobre la Transición, el fin de las dos Españas, los errores de todos, la sangre inocente en los dos bandos y la reconciliación de los combatientes. Casi no quedaban nostálgicos de ningún bando, ni combatientes; pero Zapatero ha dado la razón setenta años después a uno de los bandos, y fundamenta su acción política en la legalidad republicana y no en la franquista. Pero la actual monarquía parlamentaria y democrática, con sus instituciones esenciales, era la natural evolución de la España de Franco. Zapatero revoluciona la memoria para legitimar cambios radicales en el futuro.

¿Qué hará Rajoy?

La tentación de algunos dirigentes del Partido Popular era minimizar este asunto, tragar el sapo y fingir que no pasaba nada. De hecho, a efectos prácticos, ya lo han venido haciendo. Yo he visto cómo un Delegado del Gobierno de José María Aznar, no muy largo de luces por lo demás, derrochaba dinero público cambiando el escudo oficial, monumental, de la fachada de su sede. Nadie se lo había pedido, pero él se sintió muy satisfecho; la izquierda nunca se lo agradeció, y nadie le informó de que ese escudo, aunque caducado sin duda, es el que figura en la primera página de la Constitución. Un acomplejado, y no es el único.

Por la misma razón -ya que era el escudo de un régimen poco dado a la democracia y a los Derechos Humanos- tal vez alguien decida cambiar los escudos aquilinos de San Juan de los Reyes en Toledo. Y si se cierra la basílica del Valle de los Caídos, algún día alguien pedirá que se cierre El Escorial (los franceses), la catedral de Córdoba (los musulmanes) o Santa Maria La Blanca (los judíos). ¿Y qué dirá el PP?

El PP tiene que adoptar una posición definida ante esta memez suicida de la memoria histórica. No es un juego, porque lo que se debate son los límites de la legitimidad política hacia el futuro, a través de la calificación moral del pasado. Zapatero quiere un futuro con una derecha domesticada y reducida a eterna oposición, que cuando excepcionalmente llegue al poder lo haga sin poder cambiar los pilares del régimen que ahora se define; un futuro en el que en cambio quepan la izquierda más extremista y los terroristas de ETA. Y eso, que no es en absoluto el régimen de 1978, se está definiendo a través de la memoria histórica. Hará reír a cualquier historiador honrado, y llorar a todos los demás.

Este debate no tiene, en sí mismo, ningún sentido. Eran heridas más que cerradas, y además afectaban a todos por igual. Zapatero las reabre con una finalidad muy concreta. No lo puede permitir el PP, porque en la negación de la transición se juega su razón de ser. Y no lo puede permitir Navarra, por cierto, porque aunque ya tenemos nuestra propia y acomplejada Ley Foral de Símbolos -cobardica y timorata como otras, empezando por la Ley Foral del Vascuence o las normas educativas; pero otro día hablaremos de eso-, a la negación de la verdad histórica por parte del interlocutor de ETA sucederá la imposición de una nueva verdad oficial, en la que desaparecerá hasta el recuerdo de la Navarra foral y española. .

Ceder a los complejos será un suicidio y la antesala de una crisis nacional. Y es que, como Navarra siempre ha sabido, Zapatero ha descubierto y el PP debe recordar ahora, gran parte de la identidad está en el pasado, y manipular el pasado sirve para anular la libertad hoy y mañana.

Por Pascual Tamburri Bariain, 27 de julio de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.