Por Pascual Tamburri Bariain, 13 de noviembre de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.

Nunca lo han dejado de hacer. Al menos un empresario navarro recibió en octubre una carta de extorsión de ETA, y habrá más, con o sin carta. Así que sigue habiendo «impuesto revolucionario», como confirma José Manuel Ayesa, el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. Tampoco hace falta ser un lince para darse cuenta de que ETA sigue existiendo, y en consecuencia maneja un dinero que de alguna parte tiene que salir. En pura lógica saldrá de donde lo hay.

Ahorrémonos el diálogo para sordos habitual en estos casos: si esto rompe o no el alto el fuego, si debe hacer que Zapatero se levante de la mesa de negociaciones. Eso sólo interesa a los que se sientan a esa mesa. A los vascos y navarros normales lo que les interesa saber es de dónde sale dinero para financiar el «Estado paralelo».

Pagan las empresas, sobre todo medianas y grandes. Ahora bien, nadie puede mirar a otro lado: el dinero más jugoso depende de la Administración. La construcción, las obras públicas, los servicios, que se nutren de contratos públicos y de concesiones o calificaciones administrativas. Dinero público, que pasa de nuestros bolsillos a los empresarios y de ellos a ETA. Basta ya de monsergas hipócritas: a mí los de la constructora Azysa, si pagaron a ETA, no me dan ninguna pena. Eso es un delito, y debe impedirse que se cometa. Y que nadie tenga un contrato oficial si lo emplea para pagar armas.

Por Pascual Tamburri Bariain, 13 de noviembre de 2006.
Publicado en El Semanal Digital.