Todos los aliados del PSOE se unen contra la Justicia

Por Pascual Tamburri Bariain, 25 de enero de 2007.
Publicado en El Semanal Digital.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía ayer en sus manos un caso espinoso y destinado a marcar nuestra vida pública. Si el asesino etarra José Ignacio De Juana Chaos hubiese visto «atenuada» su estancia en prisión como consecuencia de deterioro físico que le está causando su cíclica huelga de hambre, los jueces habrían dado a todos los delincuentes y en particular a los terroristas abertzales una señal de debilidad. Se trataba de una decisión judicial, pero en un contexto de evidentes consecuencias políticas.

Nadie dudaba ayer de la importancia política de la decisión, que el nacionalismo vasco más radical, a través del diario Gara y de sus manifestaciones callejeras, había vinculado al futuro de «diálogo» entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la banda ETA y al porvenir del «proceso de paz». Los etarras esperaban una señal de Zapatero a través del caso De Juana; y la tuvieron, porque la Fiscalía de la Audiencia Nacional, instruida por el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se había manifestado ya a favor de excarcelar al etarra y de trasladarlo a su domicilio para impedir que sufriese ulteriores daños por su situación. Los fiscales, jerárquicamente, dependen del poder Ejecutivo, es decir de La Moncloa. Los deseos de Zapatero eran conocidos y sus razones políticas evidentes para todos.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia que actuó ayer demostró su independencia del resto de poderes rechazando las peticiones del preso y de la Fiscalía y acogiendo en todo las medidas solicitadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo: De Juana será mantenido en prisión, y seguirá ingresado como recluso en el Hospital Doce de Octubre en Madrid, donde se le alimentará forzosamente para mantenerlo en vida. De Juana lleva ochenta días en huelga de hambre con algunas interrupciones, y la finalidad tanto personal como política de su actitud ha sido siempre, de manera declarada, forzar un cambio en la política penitenciaria y salir en libertad.

La decisión de la Audiencia Nacional no ha recibido críticas jurídicas de fondo, e incluso los juristas que discrepan de la medida aceptan su legalidad y su legitimidad. Las reacciones de los políticos, sin embargo, permiten hacer un retrato de la España de 2007. No sorprende que el Partido Popular, por boca de Mariano Rajoy, haya considerado la noticia «una de las alegrías más grandes» que ha recibido en su vida. Pero sí llama la atención la unanimidad entre los partidos que sostienen el Gobierno. Sólo el portavoz del Grupo Gocialista en el Congreso de los Diputados, Diego López Garrido, ha afirmado que «respetan y acatan» la decisión. El resto de aliados de Zapatero ha expresado su disgusto.

ERC, a través de su portavoz Agustí Cerdá, lamentó ayer que el Tribunal no haya tenido un «gesto humanitario». El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, piensa que se habría debido actuar de otra manera para evitar la muerte de un recluso que está en prisión «por un delito de opinión». Para el secretario general de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta, fue «una decisión política para así condicionar el proceso de normalización». Después de que el secretario general del PSE, Patxi López, considerase que lo más importante en este momento es «la vida» del etarra, el alcalde también socialista de San Sebastián, Odón Elorza lamentó «profundamente» la decisión de la Audiencia Nacional. España, hoy, es gobernada por Zapatero, cuyo Fiscal General pidió la «prisión atenuada» para el asesino y cuyos socios políticos querían ver salir de la cárcel a De Juana. Tras la decisión, es hora de que los ciudadanos saquen las oportunas conclusiones políticas.

Por Pascual Tamburri Bariain, 25 de enero de 2007.
Publicado en El Semanal Digital.