Por Pascual Tamburri Bariain, 8 de febrero de 2007.
Publicado en El Semanal Digital.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido nombrar ministro de Justicia al actual fiscal jefe de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Mariano Fernández Bermejo. Se produce así la sustitución de Juan Fernando López Aguilar, que asistirá hoy viernes, 9 de febrero por última vez al Consejo de Ministros. Zapatero reemplaza al frente de la Administración de Justicia con un fiscal de carrera a un jurista procedente del mundo universitario que será candidato del PSOE a la presidencia de Canarias.

Con el nombramiento de Bermejo el Gobierno sufre una crisis, cuya importancia debe medirse más que por el número de carteras que cambian de manos por la importancia de la Justicia y por la personalidad del nuevo ministro.

Fernández Bermejo no es un «nombramiento de continuidad» con el equipo de López Aguilar en Justicia. Es un simpatizante activo del PSOE, a quien el ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, definió como «militante del partido y persona de gran confianza». Él mismo anunció en su momento «soy de izquierdas y como tal actúo», y su carrera fiscal ha estado marcada por decisiones polémicas, siempre favorables a los sectores más radicales de los Gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero. Para Bermejo el castigo penal al terrorismo de Estado de los GAL fue sólo «un acto de hipocresía colectiva». Tras el 14-M de 2004 el Fiscal General del Estado Cándido Conde Pumpido ascendió políticamente a Bermejo su actual puesto en el Supremo sin el apoyo del Consejo Fiscal. El secretario general del Partido Popular Ángel Acebes no ha dudado que «todo lo que pueda hacer contra el PP, lo hará».

Sobre Bermejo recae una de las carteras más importantes de cualquier Gobierno, y especialmente de éste. La Justicia española tiene en sus manos el destino político de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que tanto el sumario del 11-M, cuyo juicio oral comienza en breve en la Audiencia Nacional, como la acción penal contra el terrorismo de ETA dependen de los Tribunales de Justicia. En adelante Bermejo controlará la política de nombramientos de los jueces, y pronto podrá disponer de un Consejo general del Poder Judicial sumiso a los dictados de La Moncloa, ya que el actual no lo es.

En España la división radical de poderes no es un principio vigente; aunque no lo hubiese anunciado Alfonso Guerra en los comienzos del felipismo la doctrina de Montesquieu no se recogió en la Constitución de 1978 y los poderes del Estado están interrelacionados. Y así, el «proceso de paz» de Zapatero con ETA pasa por la Justicia, que debe aplicar las leyes vigentes aunque los intereses del Gobierno sean otros. El nombramiento de Bermejo es un anuncio de qué tipo de intervención planea Zapatero para la Justicia en sus tratos con ETA. Sin ningún disimulo, no sólo los Tribunales no son independientes, sino que además el Gobierno desea su colaboración para su propia política en este año electoral.

Por Pascual Tamburri Bariain, 8 de febrero de 2007.
Publicado en El Semanal Digital.