La oleada de ataques al PP amenaza las elecciones

Por Pascual Tamburri Bariain, 16 de mayo de 2007.
Publicado en El Semanal Digital.

La campaña electoral está siendo marcada por la violencia. No se trata sólo de la violencia con la que ETA sigue amenazando, sino de un terrorismo de baja intensidad que toma como objetivo al Partido Popular de Mariano Rajoy. Grupos de extrema izquierda extraparlamentaria han lanzado ya una decena de ataques a sedes y candidatos del PP, desde Burgos a Valencia y desde Bilbao a la periferia de Madrid. Curiosamente estos ataques coinciden con la campaña del PSOE acusando a los populares de crispar la vida pública española.

Nunca antes, en nuestra democracia, se había dado una situación tan preocupante de intolerancia. Lógicamente una campaña electoral es un momento de tensión entre opiniones políticas, pero sólo en el País Vasco y en Navarra, como resultado del terrorismo abertzale, se habían vivido actos sistemáticos de violencia contra unas siglas y unas ideas. El PP vasco y UPN ya conocen la acción de los violentos, como también el PSE y el PNV; pero esa situación de anormalidad democrática se está extendiendo a otras regiones.

La libertad de expresión para los ciudadanos y la libertad de acción para los partidos políticos son condiciones previas de una verdadera democracia. No puede presumir de convicciones democráticas quien incita, ampara o simplemente tolera ataques a la libertad política; sin libertad política igual para todos los que respeten las leyes no puede hablarse de Estado de Derecho, sino de una situación de excepción, dudosamente democrática. No está en juego la libertad del Partido Popular, sino la de todos los españoles.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene el deber inexcusable de salir al paso de esta situación. Garantizar la libertad no es una opción, sino un imperativo para un Gobierno democrático. Zapatero tiene el poder para defender la seguridad de todos, y para proteger a quienes reciben ataques de los enemigos de la paz pública. Si el PP no es debidamente protegido no podrá pedirse a sus votantes que se sientan libres, ni podrá exigirse a sus afiliados y dirigentes que se sientan representados por un Gobierno que descuida sus deberes. Aunque las medidas de protección de los agredidos y de represión de las agresiones hayan de afectar a grupos de izquierda o nacionalistas, hasta ahora tolerados por el PSOE, el Gobierno debe actuar, y debe hacerlo ahora.

Por Pascual Tamburri Bariain, 16 de mayo de 2007.
Publicado en El Semanal Digital.