Por Pascual Tamburri Bariain, 13 de julio de 2007.
Publicado en El Semanal Digital.

No se me subleven, y lean antes de opinar. Bueno, hagan lo que quieran, pero no elijan entre José Antonio Marina, el padre Manuel de Castro y monseñor Martínez Camino como si fuesen corredores de distintos equipos: todos quieren lo mismo, aunque sus caminos difieran. Lean ustedes sin más algunas de mis dudas en la ruta hacia la Educación para la Ciudadanía.

Los límites del problema principal. Tenemos una Ley de Educación pésima, y sus gestores desde el poder público la quieren aplicar de la peor manera posible. Una de sus metas es el adoctrinamiento a través de la enseñanza en la ideología progresista-materialista del partido que nos gobierna. Y un instrumento de ese adoctrinamiento puede ser la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, de contenidos específicamente ideológicos que por lo demás impregnan desde hace décadas, sin reacción contundente de nadie, todo el programa de estudios. Tal es, esencialmente, el problema.

Los sectarios, lo peor. La izquierda ya no tiene proyecto económico propio, pero sus metas sociales y culturales ahora son tan radicales como en el peor momento del pasado. La alianza de huérfanos del marxismo asesino y de anticristianos militantes ha cargado de contenidos esta Ley, y puede vertebrar esta asignatura. Buen ejemplo es el eurodiputado socialista, vicepresidente del Parlamento Europeo, Miguel Ángel Martínez, quien piensa que la oposición católica a la Ley es una actividad «antidemocrática e incivil» que estaría «en abierta contradicción con los valores, el espíritu y las normas de la Unión Europea». La gravedad de este análisis es mucho mayor de lo aparente: ¿se dan cuenta de qué sucede si el Estado asume una ideología opuesta a la de la Iglesia, y si ésta decide, como no puede ser de otra manera, que los católicos deben conservar su libertad? Toda la palabrería progre e ilustrada no basta para suavizar un conflicto que nos gustaría que no tuviese precedentes. Pero los tiene, y el PSOE llevó ya una vez por ese camino de conflicto a toda la nación, con el resultado que bien conocemos.

¿Más papistas que el Papa? Está claro que los católicos podemos vivir en un Estado no católico, siempre que se nos garantice la libertad. Pero esto no es una cuestión que pueda dejarse al capricho de unos u otros católicos, ya que se trata de algo íntimamente ligado al Derecho Natural, y en este sentido creo que debe exigirse el máximo cuidado para no solucionar un problema creando otro mayor. La afirmación de la Conferencia Episcopal Española según la cual «el Estado no puede imponer legítimamente ninguna formación de la conciencia moral de los alumnos al margen de la libre elección de sus padres» es intachable desde el punto de vista de la doctrina, y debe aplicarse al caso concreto con la firmeza y la prudencia propias de la tradición católica. Y subrayando el hecho de que no se trata de un problema particular de cada católico, sino de toda la comunidad nacional, porque lo que esencialmente se ha puesto sobre la mesa no son los contenidos que se impartan o no, sino quién puede o debe determinarlos.

Un Papa montañero y clarividente. Achille Ratti, Pío XI, enunció en la Quadragesimo anno una serie de principios ya implícitos en la tradición milenaria de la Iglesia y muy especialmente en la Rerum novarum de León XIII. La familia es un núcleo de la sociedad, y el hombre es social por naturaleza. Ahora bien, esa socialidad no se agota en la familia nuclear, sino que tiene muchas otras formas de aplicación a través de las distintas comunidades humanas naturales, la familia extensa anterior a la Ilustración y a las revoluciones, la vida profesional, las comunidades organizadas de todo tipo y también la comunidad política, natural, cuyo instrumento moderno por excelencia es el Estado. Así que, atención, porque la subsidiariedad, tampoco en la educación, no se agota en las relaciones entre familia nuclear e instituciones políticas.

Individualismo de contrabando. La cosa tiene su importancia, porque al hilo de la resistencia contra el adoctrinamiento zapateril se están diciendo y escribiendo cosas cuando menos discutibles. Es un derecho inalienable resistir contra el mal, pero no lo es a costa de riesgos mayores. Puede y debe combatirse en todo modo y lugar el contenido de la «Educación para la ciudadanía», pero no al precio de negar a la comunidad nacional, es decir al Estado -pese a la colección de seres pintorescos que hoy lo rigen-, el derecho de transmitir los principios y valores en los que se base un justo y sano proyecto de vida en común. Habrá que negar a Zapatero el derecho a definir el proyecto, habrá que rechazar de ese proyecto lo que ofenda a la ley natural y a los derechos espirituales de la Iglesia, pero no hay derecho absoluto, ni es católico, ni es procedente convertir al núcleo familiar -menos aún cuando vive una crisis sin precedentes-, o al individuo por sí y ante sí, en sujeto de una irrestricta objeción de conciencia. No es eso lo que, en tiempos harto más duros que estos, dijo Pío XI; eso es lo que, entonces y desde entonces, han dicho liberales radicales que muy poco tienen de católicos o de españoles en el sentido tradicional del término.

Eduquemos, pues, cada cual en el nivel de responsabilidad que tenga, individuos, familias, comunidades, docentes y Estado. Afirmemos, como parece necesario, una ciudadanía que vaya más allá de los presuntos derechos individuales, porque tal vez la raíz de todos los males esté en ese individualismo, o en su lógica consecuencia socialista, todo ello en las antípodas de la subsidiariedad comunitaria católica. Y no hagamos estallar la bomba antisocial de una objeción de conciencia sin límites (que no es la intención de las familias objetoras): no puedo evitar pensar en la pesadilla de una sociedad atomizada en la que cada sujeto fuese absolutamente libre de adherirse voluntariamente a unos u otros aspectos de la vida en común, como si ésta en sí misma no fuese un bien natural. Ya quedaron demostrados los altos principios de tanta objeción cuando la cobardía contemporánea deshizo los Ejércitos a base de objeciones de éstas, con una interpretación disolvente del derecho y deber, natural y comunitario, reconocido en el artículo 30 de la Constitución. No, no: la batalla contra Zapatero debe librarse también dentro del Estado y no contra éste, porque si no estaremos educando una sociedad futura de átomos-esclavos.

COMUNIDAD Y SUBSIDIARIEDAD

Miles de familias ya han puesto por escrito su objeción de conciencia contra la «Educación para la Ciudadanía» de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera. Tienen razón y, sin embargo, se han deslizado entre sus aliados y sus argumentos nociones anticomunitarias que Pío XI jamás habría aprobado.

Por Pascual Tamburri Bariain, 13 de julio de 2007.
Publicado en El Semanal Digital.