Por Pascual Tamburri Bariain, 27 de noviembre de 2007.
Publicado en El Semanal Digital.

Excavaciones Ugarte se ha retirado como contratista de las obras de la llamada «Y vasca» del tren de alta velocidad. Un trazado privilegiado, caro, a gusto del PNV, pagado de una manera excepcional -por excepcionalmente favorable a la comunidad autónoma- y sometido a la presión de las coordinadoras abertzales contrarias al tren. Ahora, además, sabemos que la presión política y social está teniendo probables contrapartidas económicas.

Es la primera vez para Ugarte, pero lamentablemente no es la primera vez en las obras públicas vascas y navarras. Todo empezó cuando la UCD -aún queda quien la añora: perdónalos, Señor, porque no saben lo que dicen- se bajó rastreramente los pantalones en la central nuclear de Lemóniz (supongo que ahora será la fábrica de candelas identitarias de Lemonitz); bajados los han mantenido todos los Gobiernos posteriores, y así los españoles pagamos gracias a ETA una energía más cara y más contaminante. Se planteó un chantaje, y la banda aprendió a vencer, y los españoles hemos asumido el asesinato de cinco trabajadores, incluyendo la muerte cruel del ingeniero Ryan y la mutilación de Alberto Muñagorri. Vergüenza entonces por lo que pasó y hoy por el olvido.

Después vino la autovía navarra y guipuzcoana de Leizarán en los años 90, y ahí ETA refinó sus métodos. No sólo amenazó por un lado con las armas y por otro con las coordinadoras, sino que convirtió la obra en un filón. Con una gran obra pública, desde entonces, ETA consigue dinero por un lado y credibilidad por otra; apoyos en la zona y fuerza social en general. Una mina, vaya.

Es un círculo vicioso que debe cortarse. Cualquier concesión política en una obra es colaborar con ETA. Cualquier chantaje pagado a la banda es financiar sus futuros crímenes. Y eso está sucediendo. Por eso es intolerable cualquier concesión o pago, y por eso es comprensible -y un mal menor- la retirada de Ugarte. Por eso ningún empresario debe pagar, y quien lo haga debe ser castigado por colaborar en los asesinatos de ETA. Felipe Huarte ayer y Azysa hoy son magníficos ejemplos más o menos lejanos de la peor transferencia posible: dinero de todos para obras públicas invertido en armas y poder para los asesinos a cambio de la tranquilidad personal de algunos. ¿De verdad queremos esto? Porque los trenes avanzan en el País Vasco y en Navarra, y los síntomas exigen una decisión política.

Por Pascual Tamburri Bariain, 27 de noviembre de 2007.
Publicado en El Semanal Digital.